Vulneración de derechos

La Ley 108 de drogas que estuvo vigente durante muchos años no permitía distinguir fácilmente entre usuarios de drogas y traficantes, todos los consumidores que caían en manos de la policía iban a la cárcel y ahí comenzaba el viacrucis para padres y familiares que tenían que gastar los recursos que tenían y los que no tenían en sacar a sus hijos adolescentes de los centros de detención.

Por esta razón en la Ley vigente se incorporó una tabla de cantidades máximas de cada droga que podía portar una persona para no ser considerado traficante sino consumidor. Su objetivo era dar a los jueces un criterio para que la persona que no rebasara las cantidades máximas no fuera a la cárcel y pudiera ser canalizado a un centro de rehabilitación. Pero “hecha la ley, hecha la trampa” los traficantes comenzaron a reclutar niños y adolescentes que vendieran drogas en pequeñas cantidades y, por supuesto, se incrementó el micro tráfico, uno de los problemas más serios de nuestro país. Pero, suspender la tabla no es a solución, pues este último fenómeno social se debe a la participación de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad en el infame negocio de las drogas, por lo que estamos hablando de un problema social de pobreza y desocupación que involucra a miles de familias, niños y adolescentes del país. Por lo tanto debe enfocarse las soluciones a este problema social y no a suprimir la tabla, pues eso dejaría a los jueces sin un criterio cuantitativo.

Una crítica situación de indefensión viven cientos de docentes que están agrupados en la Federación de Educadores Populares del Ecuador al saber que no existen visos de solución ante un reclamo que vienen planteando ya por varios años. La presidenta de la organización lo que exige es que el Ministerio de Educación cumpla con una disposición de la Corte Constitucional que posibilite que los educadores populares tengan derecho a beneficiarse de la seguridad social, más aún cuando muchos años de vida la han dedicado a formar a niños y jóvenes que pueden aportar al desarrollo del país. La denuncia es grave. Entre quienes reclaman este beneficio de ley sobre el que debe dar respuestas el Ministerio de Educación, están personas que han dedicado casi toda su vida a la enseñanza, sin que ahora puedan dibujar un futuro cierto de su vida, peor digno. Hay un caso de una maestra con casi 60 años de trabajo, pero no tiene el beneficio social. ¡Increíble!