Una familia está inconforme con la sentencia emitida contra el asesino de su hijo

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Ibarra.- Juan Carlos Guerrero Cevallos, fue asesinado en las afueras de un night club, el 2 de noviembre del año 2013. 
Los principales sospechosos, libres hasta inicios de este año; fueron aprehendidos a mediados del mes de enero de 2018, los hermanos Ramón y Édner R. P. estaban en el tercer y cuarto lugar de la lista de los más buscados, de la provincia de Imbabura. Su captura se dio en la ciudadela Los Vergeles, al Norte de Guayaquil. 

 Este procedimiento se dio gracias a que un equipo del Bloque de Búsqueda de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, estaban investigando el asesinato del ciudadano Juan Carlos Guerrero.

Ayer en Ibarra se realizó la audiencia de juzgamiento en la que Édner R., (segundo implicado) quedó en libertad, pero su otro hermano, no corrió con la misma suerte; Ramón R. fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de asesinato.

La sentencia también establece que se realizará la reparación integral a las víctimas, así como otorgar la seguridad para evitar represalias. Sin embargo estas medidas incluida la sentencia, no son del agrado de la víctima mortal.

“Nosotros no estamos conformes con la sentencia”, dijo Albita Cevallos madre del fallecido.

“El Tribunal dijo que por la conducta le bajaban la sentencia. Pero en algún momento se decía que de acuerdo a las leyes la condena sería a 26 años, pero no creíamos que fuera tan baja. Sin embargo vamos a agotar los últimos recursos y queremos apelar esa sentencia. Lo que cometieron con mi hijo no debe quedar así como así”, dijo la madre de familia quien teme por su seguridad, ya que dijo no cuenta con ninguna seguridad, ni de ella, ni de los miembros de sus familia.

“Nosotros esperábamos la máxima pena que se aplica en estos delitos. El artículo 450 del COIP establece 26 años de prisión”, dijo Juan Carlos Guerrero padre del ciudadano fallecido.

Para no olvidar. En el 2014 ya se detuvo a un ciudadano implicado en este delito. Sin embargo quedó en libertad por falta de pruebas. Es por ello que desde el hecho de sangre ya han pasado cinco años para que finalmente exista una sentencia.