Un paro absurdo e inaceptable

Nuevamente, cuando pensábamos que los dirigentes habían madurado y rechazaban utilizar medidas de presión con sabor a chantaje y que vulneran derechos de los demás, el transporte público imbabureño declaró un paro que bloqueó buena parte de la provincia. Paro inaceptable que busca detener reformas a la Ley de Tránsito que discute la Asamblea, impedir la colocación de radares en las carreteras, impedir nuevas formas de transporte en los sectores rurales…, entre otras. Es decir, exigencias de transportistas que imponen su ley, sus privilegios clasistas, no importa si estos benefician al ciudadano común o atentan a sus derechos. Los transportistas aplicaron un bloqueo absurdo, impidieron labores normales en la educación, el comercio, la libre circulación hacia otras provincias, violaron la ley que prohíbe esas paralizaciones y anuncian que volverán a hacerlo. Lo harán si hasta mañana no se produce el diálogo ofrecido por autoridades. Pero ¿quién defiende a los ciudadanos, frena el desangre en las carreteras, impone la profesionalización de los conductores, castiga a los infractores de la ley de Tránsito? La pregunta pide respuestas de autoridades, asambleístas, de los políticos siempre dispuestos a negociar, y más en tiempo de elecciones, frente a la imposición de un poderoso gremio. Grupo que rechaza regulaciones, y exige privilegios, frecuentemente otorgados al calor del chantaje, no de razones técnicas, o de defensa de los derechos, únicos argumentos válidos en un país del “buen vivir”.