Tribunal ordenó prisión preventiva para Virgilio Hernández

Quito. Un tribunal de Ecuador emitió este martes una orden de prisión preventiva, con fines de investigación, contra el exlegislador Virgilio Hernández, un líder del llamado movimiento correísta -del expresidente Rafael Correa (2007-2017)-, y a quien la Fiscalía vinculó en un caso de presunta rebelión.

Una sala de la Corte de Justicia de la Provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, dictó la orden de prisión preventiva contra Hernández durante una audiencia reservada a la que concurrió el acusado quien, hasta hoy, se encontraba en un paradero desconocido.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, acogió el pedido del fiscal del caso, Alberto Santillán, y dictó la prisión preventiva en contra de Hernández, así como la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El acusado “habría promovido e incitado a las protestas violentas ocurridas entre el 3 y 13 de octubre, actos que sobrepasaron el derecho a la resistencia que poseen constitucionalmente todos los ecuatorianos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Hernández se suma a la prefecta (máxima autoridad de elección popular) de Pichincha, Paola Pabón, ya detenida por este caso hace algunos días, así como otras dos personas identificadas como Christian G. y Pablo D.

Entre los elementos de convicción presentados por el fiscal Santillán contra Hernández constan las escuchas telefónicas efectuadas con orden judicial, en las que supuestamente se alentaba a la población a sumarse a las manifestaciones y “armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos”.

Además, la Fiscalía, en su texto presume que en esas comunicaciones telefónicas obtenidas se trataba de “subvertir al pueblo ecuatoriano”.

El fiscal Santillán también mencionó sobre unos mensajes de Twitter de Hernández en los que habría pedido “la movilización de la gente, desconociendo el estado de excepción” que imperaba en los días de las manifestaciones por orden del Gobierno.

La Fiscalía, que tenía 90 días para la instrucción fiscal, vio incrementado en 30 más el plazo para las indagaciones del caso, precisó en su comunicado.

Durante la audiencia en la Corte de Justicia de Pichincha decenas de simpatizantes de Hernández denunciaron una supuesta “persecución política” contra él y los militantes correístas y aseguraron que el proceso en su contra obedece a una acción de “odio” y “venganza” del Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

“Virgilio inocente, Moreno delincuente”, corearon los simpatizantes.

El pasado 15 de octubre, dos días después del fin de las protestas sociales, la Corte de Pichincha dictó la orden de prisión preventiva contra Paola Pabón, quien ha sido recluida en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad andina de Latacunga, unos 90 kilómetros al sur de Quito.

Ese día, el entonces candidato presidencial argentino Alberto Fernández y su compañera de fórmula vicepresidencial, la exmandatariaria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuestionaron la detención de Pabón.

Alberto Fernández, quien finalmente fue elegido como el próximo presidente de Argentina, dijo en esa oportunidad que veía “con mucha preocupación los graves hechos que se viven en Ecuador y la persecución política y judicial” que estaban “sufriendo dos mujeres jóvenes que son referentes de la oposición política”.

Se refirió también a la parlamentaria ecuatoriana Gabriela Rivanedeira, quien desde se encuentra en la Embajada de México en Quito, legación diplomática que la acogió “para brindarle protección y resguardo”.