Tribunal ordena al Estado ecuatoriano resolver crisis en las prisiones

Un tribunal ecuatoriano aceptó este jueves una acción de protección y ordenó al Estado a desarrollar una política pública integral para la vida digna de los presos en el país, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en un comunicado.

“El juez constitucional Ángel Mestanza aceptó la acción de protección con medidas cautelares en contra de ocho instituciones públicas por la falta de política pública integral de rehabilitación social”, dice un comunicado de la ONG.

La decisión, agrega, “determina que se han vulnerado los derechos de las personas privadas de la libertad en Ecuador a la rehabilitación, a la igualdad y no discriminación, a la salud, educación, trabajo y a la seguridad penitenciaria”.

El caso fue presentado en relación a la difícil situación del sistema penitenciario nacional, y después de que el pasado 23 de febrero murieron 79 reclusos en una serie de enfrentamientos entre bandas delictivas sin que las autoridades pudieran impedirlo por falta de recursos y planificación a largo plazo.

El recurso contra el Estado fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH – PUCE) y la Inredh a raíz de ese y otros muchos sucesos del mismo tipo pero a menor escala.

Según la solicitud de ambas organizaciones, “en el 2020 la reducción del presupuesto (en el sistema penitenciario) fue de 43% y en el 2021 se aumentó sólo 8 millones”.

“Por esto, la planificación anual ha tenido que ser readaptada en relación con el presupuesto, lo que ha causado que aumenten los detenidos, los programas de rehabilitación se reduzcan y empiecen los primeros motines”, agregaba el recurso.