25-09-2019 | 11:00

¡No haga llamadas falsas, puede ir a parar a la cárcel!

Los números identificados de dónde se originan las llamadas serán suspendidos. Y si se identifica a la persona que realizó la llamada falsa será procesada.

Ibarra. La semana anterior se realizó la primera audiencia de flagrancia en el Complejo Judicial del Azuay. La jueza ordenó 10 días de prisión a un hombre por hacer una llamada falsa a la Central de Emergencias ECU-911.

Esta es la primera sanción judicial, en el país, que se realiza para una persona que hizo mal uso de los números de emergencia.

En Imbabura cada día se registran llamadas falsas, aunque el número ha bajado, el problema persiste y no se descarta averiguar de dónde provienen las llamadas falsas y proceder a denunciar y llevar a los tribunales al o los causantes.

En Ibarra. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1 ha identificado en el cantón las tres zonas desde donde se genera el mal uso de las llamadas.

Esta denominada emergencia falsa es atendida por los evaluadores de operaciones de llamadas desde el mercado Amazonas, sector cercano a la Laguna Mall y las calles José Joaquín de Olmedo y Pedro Moncayo (centro de Ibarra). A nivel nacional, 58 796 líneas telefónicas han sido suspendidas, así lo confirmó hace poco el coronel Héctor Paredes, coordinador zonal 1 del ECU 9-1-1.

“En el último proceso que hemos tenido en este año se ha logrado una reducción en menos del 26 % de llamadas de mal uso, que es algo bueno porque la ciudadanía nos está ayudando y prestando atención en los pedidos que hacemos, basados en la gravedad que se genera cuando hay una llamada falsa”, mencionó el coronel Paredes.

A nivel nacional. Según las estadísticas de la central del ECU-911, el año pasado se hicieron 12’622.212 llamadas, de las cuales el 5’988.062 fueron de uso inadecuado del servicio y 6’634.150, fueron alertas verdaderas. Este mal uso del número de auxilio dificulta la labor diaria de salvar vidas, obstaculiza la asistencia de emergencia, genera pérdidas de tiempo y de recursos y congestiona el canal de acceso a la línea. Esta mala conducta significó un gasto de 12’455.169 dólares para el Estado, según datos del ECU-911.