06-05-2019 | 15:46
(I)

¿Hasta dónde está permitido imponer la justicia indígena?

A nivel de la provincia se han realizado y continúan efectuándose foros sobre estas temáticas, en las que participan diferentes actores.

Imbabura. En la Constitución del Ecuador se reconoce el derecho y justicia, intercultural y plurinacional, lo que permite valorar y respetar la diversidad entre culturas y nacionalidades.

Es así que el marco legal del Ecuador concluye que impartir justicia dentro de las comunidades indígenas no solo es legal, sino que es un derecho que les da los años de organización como pueblo. La incertidumbre sigue siendo ¿hasta dónde está permitido imponer la justicia indígena? y ¿cuándo se puede hacer el traslado de un proceso sobre un delito cometido en las comunidades hacia la justicia ordinaria?.

Para ello ya se han hecho a nivel de provincia varios conversatorios, sobre este tema, con representantes de instituciones como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, defensoría del Pueblo, Comisaría Nacional, Jefatura Política, Universidad de Otavalo y representantes de organizaciones comunitarias de la provincia de Imbabura.

Art. 171. de la Constitución. Dice de forma textual: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales ...)”. “Las comunidades, tienen derecho a reclamar la justicia indígena ya que está enmarcada en la Constitución, es esta instancia que nos ha puesto tres andariveles, justicia constitucional, justicia ordinaria y justicia indígena, cada uno con su ordenamiento jurídico respectivo, no mezclado todo ahí”, dijo el doctor Jaime Alvear presidente de la Corte Provincial. “Las comunidades tienen derecho a pedir su justicia, pero... ¿el resto de personas afectadas estarán satisfechas?, esa es la interrogante, los jueces podemos con motivaciones suficientes declinar la justicia. El derecho a la declinación pasa también por interpretaciones constitucionales, que los jueces ordinarios no las tenemos”, dijo el presidente de la Corte quien además es el representante del Consejo de la Judicatura, hasta que se designe al titular. Hace poco, decenas de ciudadanos de Chirihuasi y Casholoma (La Esperanza) llegaron ayer con un pedido que fue entregado en la Corte Provincial de Imbabura, en el cual solicitan poder aplicar la justicia indígena en dos personas vinculadas en un presunto delito sexual. No aceptan que ellos sean juzgados por la justicia ordinaria como lo están llevando hasta el momento. “Dos compañeros detenidos, desde diciembre, ellos son de Chirihuasi y de Cashaloma estas son comunidades del territorio Caranqui, y lo que estamos aquí es ejerciendo nuestros derechos para aplicar la justica indígena, ellos están acusados de un presunto delito de violación”, dijo Emilio Guamán representante del pueblo Caranqui.