Solicitan destitución de jueza

Ibarra. La Fiscal General del Estado (e), Ruth Palacios Brito y el Ministerio del Interior presentaron al Consejo de la Judicatura una queja en contra de la jueza de la Unidad Judicial del cantón Urcuquí, Zoila Martínez.

Según el comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado considera que la jueza cometió negligencia o error inexcusable, considerado infracción gravísima por lo que solicitó medidas cautelares de suspensión jurisdiccional.

La sanción sería solicitada luego de que la Fiscalía de Imbabura realizara un magno operativo en donde se detuvieron a 16 personas involucradas en la actividad ilícita de recursos mineros, en la parroquia de Buenos Aires, en Urcuquí.

Diligencia. Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la fiscal Jessica Andrade informó sobre estos hechos, pero la jueza Zoila Martínez manifestó que no consideraba los elementos de convicción recabados ni calificó la audiencia de flagrancia, indicando que los 16 sospechosos estuvieron detenidos por más de 24 horas, circunstancia que no fue real y se lo demostró con el parte policial de detención que se entregó el mismo día.

En la audiencia, la fiscal Andrade también solicitó oralmente que se le permitiera formular cargos, y solicitar medidas cautelares de prisión preventiva para evitar la fuga de los 16 ciudadanos, circunstancia que también fue negada por la jueza, quien concluyó la audiencia sin mayor detalle y los implicados recuperaron su libertad. Con este accionar se restó importancia a la investigación de casi un mes que realizaron las autoridades, a pesar de tener las pruebas necesarias.

Antecedentes. El último 17 de enero de 2019, la Fiscalía Provincial de Imbabura, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó un operativo donde se allanaron simultáneamente 16 inmuebles ubicados en Imbabura y Pichincha.

Como resultado de los dos allanamientos, la fiscal Jessica Andrade retuvo, con fines investigativos, a ocho personas que presuntamente se dedicaban a la extracción, explotación, transporte, comercialización y almacenamiento de material aurífero en el sector de Buenos Aires.

En el segundo caso se aprendió a ocho personas más, en el Sector El Cristal, en inmuebles que aparentemente eran utilizados como centros de acopio de material de roca mineralizada, extraída para ser transportada de manera ilegal hasta plantas de procesamiento en las provincias de Azuay y El Oro, utilizando medios logísticos como vehículos, motocicletas.

En el mismo sector se encontró una planta de aprovechamiento en la que se trituraba roca para posteriormente extraer oro, como pruebas de este accionar, se encontraron tres generadores a gasolina, una bomba de agua, cilindros amalgamadores, tres tanques de gas licuado de petróleo, 12 secadores de material aurífero y 20 bultos de material aurífero.

Caso con otro juez. Por pedido de la fiscal Andrade, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en donde pudo presentar los elementos de convicción en contra de 14 de los 16 ciudadanos, quienes habrían participado en el delito de actividad ilícita de recursos mineros.

El juez de Garantías Penales del cantón Urcuquí, Iván Sucuzhañay, quién ahora se encuentra a cargo del proceso, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de los procesados.

La planta procesadora encontrada fue uno de los principales indicios que permitieron judicializar a los implicados en el caso.
Los sacos de material minero también fueron presentados como evidencia ante la Unidad Judicial de Urcuquí.