Sigue el conflicto en Buenos Aires

Nuevos problemas se suscitaron con respecto al conflicto socioambiental que se vive en la parroquia de La Merced de Buenos Aires. La reciente incursión policial que, se efectuó la mañana de ayer, reactivó los inconvenientes.

La empresa Hanrine habría interpuesto una acción de protección que fue aceptada por el juez Byron Andrés Vallejo del Distrito Metropolitano de Quito, argumentando una violación a sus derechos. Esta sentencia del juez capitalino dispuso que la Policía Nacional del Ecuador tome las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de la compañía Hanrine.

“Estamos sorprendidos con todas estas acciones. El juez debe trabajar también para garantizar el debido proceso a las comunidades. Hacemos la exigencia para que se haga la consulta ambiental a la población”, expuso Katherine Andrade, Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo.

Elena Larrea, Presidenta del Consejo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, quien expresó su preocupación por los hechos acontecidos e hizo un llamado para que “el Estado ecuatoriano garantice los derechos del pueblo de Buenos Aires”.

“Por fin ha imperado la ley y el orden. Finalmente las autoridades han decidido que aquel control arbitrario que impedía la libre circulación desde quienes se denominan antimineros fuese desmantelado por la fuerza pública”, expresó Franklin Soria, Director de la Agencia de ‘Prensa Minera’. Soria también ratificó que, para que no existan más inconvenientes, se aplique y respete la ley: “Se debe dar seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera en minería porque son fuente de empleo, divisas y encadenamiento productivo”.

Marcelo Simbaña, Gobernador de Imbabura, ante esto dijo que este accionar obedece a la resolución de un juez y que se está dando de acuerdo a la ley. También explicó que se articularán mesas de diálogo para informar de la minería legal.