Responsabilidad ulterior y libertad de expresión

Parecería que son definiciones y conceptualizaciones sobre dos aspectos distintos; sin embargo la comunicación social de origen público o privado, requiere de actuaciones humanas complementarias de manera transparente, equilibrada y ética.

Este ejercicio es responsabilidad fundamental de la ciudadanía, de periodistas profesionales, comunicadores sociales; pero también de quienes mantienen propiedad en medios de comunicación, sean éstos impresos, radiales o audiovisuales. Hoy se discute con mucha pasión sobre una necesaria regulación en Internet. El consenso es que además de la autoregulación, es necesaria una regulación social institucionalizada, que garantice y vele por los derechos humanos y colectivos de manera ágil y permanente; sin dañar a las personas que dialogan y conviven. La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por su Declaración Universal (1948). “Libertad que supone que todos los individuos tienen derecho de expresarse sin ser molestados a causa de sus opiniones. La libertad de expresión es la libertad de investigar, recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión”. De manera inmediata esta definición se complementa con lo que es la responsabilidad ulterior; porque quien dice algo sobre algo o alguien, tiene que hacerse responsable de las consecuencias posteriores de sus opiniones. La regla de oro de la autoregulación es: actuar pensando que donde terminan los derechos del otro, empiezan mis responsabilidades y derechos. La regulación institucionalizada debe proteger de oficio, a que quienes pudieran ser perjudicados para ser resarcidos, reivindicados o compensados de manera inmediata, sin efectos engorrosos, burocráticos, traumáticos o humillantes. 

 Marcelo Almeida Pástor

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