Registro Nacional de Violadores seguirá, según Silvia Salgado

Ibarra. La Ley Orgánica de Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (Ley Revaas), que fue impulsada por la legisladora Lourdes Cuesta y apoyada por otros asambleístas como Silvia Salgado (Imbabura), pretendía crear una lista con la información de aquellas personas nacionales o extranjeras, mayores de edad, que hayan sido condenadas por haber cometido un delito en contra de la integridad sexual de los menores. La Corte Constitucional (CC) la declaró como inconstitucional, sin embargo, al parecer la iniciativa continuará con algunos cambios.

Continúa. Así lo dio a conocer Salgado quien explicó que con esto se da la posibilidad de preservar los derechos de las personas que constarán en el registro pero que sería un veto parcial a la normativa por lo que el resto de ley seguirá vigente.

“Son algunos artículos y lo que tendremos que hacer ahora es conocer el resto del veto. No se acaba toda la ley, solo se observa una parte, y se enfoca principalmente en el tema de prohibir que estas personas puedan volver a trabajar con niños. Nos queda el tema del registro para tomar medidas de prevención”, dijo Salgado.

Lo veían venir. Añadió que los legisladores estaban conscientes de que esto podía suceder. “Habíamos advertido en la comisión, entonces de pronto hubo un cuestionamiento de que si esa persona ya cumplió su pena no debería ser doblemente sancionada pero nosotros insistimos que en el derecho superior del niño para impedir ese derecho al trabajo”, agregó.

La asambleísta por Imbabura también mencionó que este tema estuvo fundamentado en estudios que demostraban que esa conducta era difícil de superarla por lo que esa fue la principal argumentación.

Desde la psicología. Con esto concuerda la psicóloga Verónica Recalde, quien explica que la rehabilitación total de una persona que cometió un delito de abuso es difícil. “Son personas que en cualquier comento son incapaces de controlar su conducta por lo que no se sabe en qué momento pueden volver a incurrir en un delito. Desde mi experiencia yo creo que es necesario este registro para mantener a estas personas fuera de lugares en donde puede existir un gran número de víctimas. No quiero decir que no deberían ser parte de la sociedad, tienen su derecho, pero no hay que arriesgarnos a ponerlos en sitios tan susceptibles”, dijo la especialista.

Sobre el Registro. La propuesta tenía como finalidad convertirse en una herramienta que permitirá que aquellas personas que han cometido delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, queden inhabilitadas para trabajar. La prohibición era para actividades que se relacionen de manera directa con este grupo de atención prioritaria. En el registro estarían las personas mayores de edad, nacionales y extranjeras, que han cometido este tipo de delitos y la inhabilitación será por el tiempo establecido en la sentencia condenatoria ejecutoriada. Se pretendía que quienes requieran contratar a alguien que involucre una relación directa con menores, debían exigirle y verificar con un certificado que no se encuentre inscrita en Revaas.