“Deuda a la familia Morejón es inaudita”, dice exalcalde Marco Almeida

mercadoIbarra.- El exalcalde de Ibarra, arquitecto Marco Almeida Vinueza volvió a remover el avispero en torno al juicio que planteó la familia Morejón al GAD municipal por los terrenos que iban (o van) a servir para la construcciión del nuevo mercado Amazonas.

Actitud positiva

Almedia recordó que el 12 de abril de 2018, en la Audiencia concedida para que el Colectivo Cívico–Jurídico exponga sobre el conflicto Municipio-familia Morejón, él concurrió con el propósito de transparentar los hechos históricos, con los cuales los ibarreños, autoridades y familia Morejón, “podamos ver la realidad y despertar la conciencia para unirnos con actitud positiva a fin de resolver este absurdo y nunca visto problema”.

Las obligaciones

Al ser consultado por qué a la deuda (de USD 10 millones) lo califica de ilegítima e inaudita y por tanto no debería ser pagada, señaló que “cualquier promotor inmobiliario debe cumplir las Leyes, Ordenanzas y resoluciones municipales”. Señaló que entre las obligaciones del urbanizador constan: La entrega gratuita de las áreas de calles, avenidas, servicios comunales y parques a favor del Municipio.
Citó también el financiamiento privado de las obras de infraestructura y dijo que “en el año 1987, don Jorge Morejón conocía perfectamente que estas obligaciones no son una pérdida económica para su familia, puesto que por lógica empresarial, este valor ‘perdido’ se transfiere al precio unitario de cada lote, es decir, pagan los clientes”.

Acuerdos

almeidaAlmeida afirmó que por la urgencia de mejorar el flujo vial de Ibarra afectada por el terremoto del año 1987, siendo Alcalde, celebró con Jorge Morejón un Convenio de Ocupación de Areas, por el cual en forma LEGAL, LIBRE Y VOLUNTARIA, autorizó la ocupación definitiva e irrevocable de las áreas para prolongar las avenidas Teodoro Gómez y Eleodoro Ayala.
El Municipio, a su vez, aprobaría la ejecución de las obras de infraestructura de acuerdo a las Ordenanzas y, si se ejecutan con recursos municipales, se aplicaría la Ordenanza de contribución Especial de mejoras que obliga al urbanizador devolver los valores invertidos. Este Convenio, aseguró Marco Almeida, no fue anulado y es vigente por derecho y por ética administrativa.

Convenio tras convenio. En febrero de 1992, a finales de la administración del Alcalde Alfonso Pasquel, el Municipio omitiendo el convenio del año 1987 celebró un “increible” contrato de Ocupación de Áreas, “con el cual la familia Morejón entrega las mismas áreas ya entregadas y ocupadas”, explicó.

Por otra parte, el Municipio financiaría ilegalmente la ejecución de obras de infraestructura en áreas privadas y, en razón de que NO CONSTAN los documentos habilitantes como: planos definitivos completos, especificaciones técnicas, presupuesto, disponibilidad de recursos, plazos, cronograma de ejecución, garantías y sanciones por incumplimientos. En conclusión, se ratificó Marco Almeida, es un contrato inaudito que no define plazos, alcance de obras y compromisos económicos de las partes.