Protocolo de auxilio para mujeres en Ecuador, que afrontan doble pandemia

Alertados por la posibilidad de que los altos índices de violencia contra las mujeres aumenten entre las cuatro paredes en que están confinadas las familias por el coronavirus, el Gobierno ecuatoriano activó un protocolo para apoyarlas en su lucha contra otra pandemia: la violencia de género.

El protocolo entró en vigor el pasado 16 de marzo con el estado de excepción por el COVID-19, con el fin de que los sistemas de protección a la mujer sigan funcionando y las víctimas tengan a dónde acudir a pesar del distancimiento social.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtió que el aislamiento puede convertirse en un “escenario ideal para la violencia” intrafamiliar y de género, y confirmó a Efe que en la última semana se había evitado un femicidio.

Desde 2014, cuando Ecuador tipificó el femicidio como un delito en el Código Orgánico Integral Penal, los datos oficiales mencionan 387 casos, pero la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos los eleva a 720.

CIFRAS PREOCUPANTES

“Para muchas mujeres, el espacio privado, su propio hogar, es el espacio más inseguro”, comentó a Efe la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído.

Y se mostró preocupada porque la distancia social recomendada por las autoridades para frenar el avance del COVID-19, la usen los “maltratadores como un mecanismo para aislar a las víctimas, a las sobrevivientes, de sus familias”.

Según una encuesta oficial de Relaciones Familiares, el 64 % de mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia basada en género, el 30 % dentro de sus hogares y en un 43 % de los casos el perpetrador es el compañero.

Además la probabilidad de sufrir violencia cuando el compañero está en casa o en desempleo aumenta en un 28 %, dijo antes de recordar que la ONU alertó esta semana del efecto del aislamiento social por el COVID-19, en los casos de violencia machista.

Ello porque muchas mujeres se ven obligadas a encerrarse en sus casas con sus abusadores, al mismo tiempo que los servicios para apoyar a las víctimas presentan problemas o son inaccesibles.