Propiedad horizontal con “recomendaciones”

Este Régimen de propiedad ayuda a subsanar  limitaciones de suelo edificable en determinados lugares, especialmente se aplicaba a edificios en altura y horizontales. Optimizar la infraestructura, los espacios abiertos es la máxima, aplicable en urbanizaciones, conjuntos habitacionales, casales, etc. De acuerdo a la Ley Reformatoria de la Propiedad Horizontal, Art. 1  amplía el ámbito a terrenos –antes no los consideraban- como propiedades exclusivas  esto abarca a conjuntos habitacionales, villas, cabañas,  terrenos urbanizados, etc., donde priman espacios comunes, infraestructura, etc.xEn Otavalo se da un caso sui generis, la  Municipalidad no tiene estudios completos de ZONIFICACIÓN (área de lotes, alturas de edificación, retiros, vías, etc.),  por  tanto, el Departamento de Planificación trabaja con ciertos lineamientos, vale decir los mínimos. Hablemos de un caso. Después de obtener el visto bueno de una revisión de planos de un proyecto en el Departamento técnico, antesala a una declaratoria en propiedad horizontal, éste debe  pasar al departamento jurídico para  formalidades del caso,  parecería que aquí también hacen observaciones a los informes  técnicos de APROBACIÓN emitidos por Planificación y los devuelven no solo por formalidades legales sino con “recomendaciones”  entre otros por temas netamente técnicos  como es la definición de tamaño de lotes. Sino existe una ZONIFICACIÓN (sustento para un posible cuestionamiento) al amparo de la  Ordenanza de Ordenamiento Urbano y Rural vigente los técnicos municipales pueden tomar decisiones para  suplir el vacío, como ha sucedido en  casos similares, lo cual ha sentado  jurisprudencia. El cuestionamiento que deberían realizar las autoridades municipales es a los funcionarios -algunos reciclados- que en tres administraciones no realizaron los estudios de  ZONIFICACIÓN. La omisión de esta Norma técnica y jurídica es muy criticable. Volviendo a la propiedad horizontal, el Art. 54 de la Constitución ampara al ciudadano  y demanda civil y penalmente a la institución pública y al funcionario que no prestare servicio oportuno y de calidad. 

Pedro Manuel Ramírez

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