Propaganda desbocada

La emisión descontrolada de propaganda gubernamental en varios países latinoamericanos, disminuye la calidad de la información que consumen los ciudadanos y contribuye a reducir los niveles de democracia. En los últimos meses, varios gobiernos se han desbocado, comprando y creando medios propios y agencias de noticias o gastando sumas siderales en publicidad, para defender y promover sus intereses partidarios.

En contrapartida, no existe una cultura que promueva la creación de medios públicos y autónomos que estén obligados a hacer periodismo equilibrado, a exigir transparencia y a servir como fiscalizadores de sus gobiernos-jefes. El problema lejos de disminuir está en expansión.

A principios de junio se creó la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias estatales (ULAN), compuesta por nueve entidades nacionales oficiales: Telam (Argentina), ABI (Bolivia), AB (Brasil), Prensa Latina (Cuba), Andes (Ecuador), AGN (Guatemala), Notimex (México), IP (Paraguay), y AVN (Venezuela). No preocupa su legítima alianza, pero sí saber que en su historia y modo de operar, las agencias estatales noticiosas en América Latina, siempre fueron usadas como brazos operativos de gobiernos. La inspiración detrás de la creación de la ULAN desenmascara que nada cambiará. Está imbuida de la acostumbrada cháchara de confrontación contra los medios independientes, a los que se acusa de todo mal, bajo las ideas que pregonan los presidentes Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa. Irrita que la ULAN no haya nacido para promover mejor periodismo profesional, sino para “enfrentar el cerco mediático”, “romper la hegemonía de las trasnacionales de la comunicación” e “incidir en la batalla de ideas”. Las mismas actitudes propagandísticas son las que se utilizan para manipular información o transferir responsabilidades. Sirve al gobierno de Venezuela para culpar a los medios privados por los muertos en los motines carcelarios o por los rumores sobre el estado de salud de Chávez; así como en Argentina, para acusar a los medios de incentivar la polémica sobre la disparidad sustancial que existe entre los índices de inflación que reporta el gobierno y el que miden entidades privadas.  
 

 Ricardo Trotti
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