Pregunta 1 : Buscan muerte política para los corruptos

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?.

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Ibarra.- 13 millones de ecuatorianos vuelven a las urnas el 4 de febrero para responder cinco preguntas de referéndum, relacionadas con enmiendas a cuerpos legales y dos de consulta.

Son siete las interrogantes de este reférendum y consulta popular. Desde hoy EL NORTE realizará un análisis de cada una de ellas.

Pregunta 1. Cada interrogante está compuesta por anexos y justificaciones en los que se explica los cambios que se realizarán y los motivos.

En el Anexo de la pregunta 1 se establecen cambios en la Constitución, el Código de la Democracia, Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP y el Código Orgánico Integral Penal, COIP.

Constitución. Se busca una modificación en el Art. 233, que se refiere al capítulo de servidores públicos.

Se aumenta el texto en el que se puntualiza que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción. Tampoco podrán aspirar a contratar con el Estado ni ocupar cargos o empleos públicos.

LOSEP. Se busca modificar el Art. 10 que establece las prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, que se relacionan con los delitos especificados anteriormente en el Art. 233 de la Carta Magna.

COIP. En el Art. 60, que trata sobre las penas no privativas de libertad, se agrega el numeral 14 relacionado con la inhabilitación para contratar con el Estado en caso de delitos y actos de corrupción.

El Art. 68 actualmente precisa que una persona perderá sus derechos de participación hasta que cumpla su pena privativa de la libertad. En el referéndum se enmienda este articulado y se propone que, por delitos y actos de corrupción la pérdida de los derechos de participación será entre 10 y 25 años.

En el Art. 77 la enmienda establece que las personas condenadas con sentencia ejecutoriada en delitos de corrupción deberán responder con sus bienes el monto de la reparación integral al Estado y la sociedad.

En los cambios en el COIP se proponen multas de 500 a mil salarios básicos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo, establecidos en los Art. 280, 285 y 289, respectivamente.

Código de la Democracia. El numeral 2 del Art. 96 se sustituye y especifica los delitos por los que una persona con sentencia ejecutoriada no podrá ser candidata a cargos de elección popular.