Policías, víctimas de atropellos en Imbabura

Ibarra. Los servidores policiales en Imbabura han sido víctimas de accidentes de tránsito, solo en esta semana se han registrado dos muertes. A esto se suma el estado delicado en el que se encuentra Jhoana Ayala, integrante de la Policía Nacional quien fue atropellada el miércoles en Ibarra.

El domingo. La mala racha para los elementos policiales empezó el domingo 12 de agosto en el sector de Azaya. Allí el cabo primero Carlos Meneses sufrió un accidente de tránsito, fue trasladado inmediatamente a la ciudad de Quito en donde no resistió y falleció, al parecer a causa de un infarto cerebral. El cuerpo del uniformado llegará en las próximas horas a Ibarra.

El martes. Elste día un accidente de tránsito ocurrido en la autovía Cajas – Otavalo, a la altura de la comunidad de las 4 Esquinas un vehículo fantasma atropelló y terminó con la vida del cabo primero de Policía, Bolívar Morales, el uniformado pertenecía a la Policía Judicial y laboraba más de 8 meses en el cantón Antonio Ante.

Ayer se realizó el sepelio del uniformado en presencia de sus compañeros y amigos.

El miércoles . La tarde de este día en la Panamericana Norte, a la altura de la piscina olímpica, la policía Jhoana Ayala fue impactada por un taxi.

Según testigos la mujer estaba intentando cruzar la avenida pero fue impactada sufriendo golpes graves.

Hasta ayer el estado de salud de la funcionaria policial seguía siendo delicado. La uniformada está asilada en el Hospital de la Policía Nacional en la ciudad de Quito.

En el segundo caso no existen detenidos ya que el presunto agresor fugó del lugar. Extraoficialmente se conoció que el vehículo fue ubicado en una vivienda.

En el tercer caso existe una persona detenida, es el conductor del taxi.

La ley. En el COIP se considera delito culposo si el conductor infringe el ‘deber objetivo de cuidado’ (manejar imprudentemente y sin las consideraciones) y como consecuencia del accidente deja una o más personas fallecidas. El infractor será sancionado con prisión de uno a tres años. Familiares de las víctimas piden que las investigaciones avancen y se sancione a los culpables.