Piden a la justicia celeridad en procesos, en varios casos

Ibarra. Son varios pedidos ante la justicia que han realizado ciudadanos de forma independiente y en organización, durante lo que va de este año y en años anteriores en Imbabura y particularmente en Ibarra.

Declinación de la justicia. A inicios de año decenas de ciudadanos pertenecientes a las comunidades de Chirihuasi y Casholoma llegaron con un pedido que fue entregado en la Corte Provincial de Imbabura, en el cual solicitan poder aplicar la justicia indígena en dos personas vinculadas en un presunto delito sexual. No aceptan que ellos sean juzgados por la justicia ordinaria como lo están llevando hasta el momento. Este pedido aún sigue en pera según han manifestado los dirigentes indígenas.

Ya son 4 años. Carmen Félix es otra ciudadana que dice puso una denuncia en la Fiscalía por supuesta mala práctica médica. Pese a que ya han pasado 4 años y hasta uno de los fiscales que llevaba el caso solicitó, en un momento, el archivo de la causa, aquello no se concretó y la ciudadana continúa solicitando justicia. Asegura que ya cuatro fiscales han conocido su caso en Imbabura y que hasta el momento no existe una respuesta.

Familiares de fallecida. Mayra Andrango fue atropellada en la Av. Jaime Rivadeneira hace más de dos años, por un taxista. Fue llevada de urgencia a Quito, pero no resistió y falleció. Sus familiares, principalmente su madre continúan exigiendo justicia ante las autoridades.

Los familiares de Mayra han realizado varios plantones en las afueras de las instituciones de justicia (Fiscalía) con la finalidad de exigir se sancione al supuesto responsable de la joven mujer.

Piden prelibertad. Son decenas de personas privadas de la libertad, quienes se encuentran en la cárcel de Ibarra y que exigen el cambio de régimen semiabierto, por cuanto ya habrían cumplido con uno de los requisitos para este “beneficio”, como es haber cumplido el 60% de la condena. El solicitar esta especie de prelibertad a decir de algunos abogados que llevan estos casos no avanza. “Desde diciembre del año anterior (2018) que ya no hay trabajadora social ya no se ha contratado a nadie más. Hasta la fecha, yo me he acercado al centro carcelario y me han dicho que no hay presupuesto por parte del Estado”, dijo uno de los abogados que lleva el caso de al menos 12 personas privadas de la libertad.

Otro caso pendiente. El 9 de mayo, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, sentenciaron a siete años de prisión a Juan C., Raúl R., y José A. La audiencia de apelación, que interpusieron los tres sentenciados en el delito de aborto no consentido, estaba señalada para el 25 de julio pasado; sin embargo se la postergó para el 7 de agosto pero en esta fecha tampoco se concretó.

Jéssica T., madre de la víctima espera que los jueces no revoquen la sentencia emitida el 9 de mayo.

Mientras tanto los procesados dicen que hubo durante todo el proceso muchas irregularidades y que algunas cosas no concuerdan, aseguran ser inocentes de lo que se les acusa.