Perú inaugura el año profundamente indignado por acciones del fiscal general

Lima.- Perú arrancó 2019 profundamente indignado por la decisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de destituir al equipo que lidera las investigaciones por corrupción contra Keiko Fujimori y Alan García, lo que agudizó y evidenció la crisis institucional y política que vive el país a causa de la corrupción.

El repudio público prácticamente unánime de la clase política, de la prensa, de representantes de la judicatura y del Gobierno, y sobre todo de la población, tanto en el fondo como en las formas de la resolución de Chávarry, quedó resumida en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, quien hoy afirmó que el Fiscal de la Nación “ha ofendido al Perú”.

En la noche del 31 de diciembre, Chávarry anunció la destitución y sustitución de los fiscales Rafael Vela y su principal lugarteniente, José Domingo Pérez, tras meses de conflicto y críticas cruzadas de obstaculización, desacato, intereses cruzados y gestión sobre las investigaciones del caso Lava Jato, particularmente en lo que atañe a los casos de Fujimori y García.

Esa misma noche, y de forma espontánea, miles de ciudadanos salieron a la calle a protestar por la decisión y mostrar su apoyo a Vela y Pérez, y desde entonces ese apoyo se ha multiplicado de forma evidente en el país.

A Chávarry solo lo han respaldado el partido fujimorista Fuerza Popular y el APRA de Alan García, cuyos representantes defienden su autonomía para nombrar a sus fiscales y critican los intentos del Gobierno y la opinión pública para restaurar en sus puestos a Vela y Pérez como “interferencias” indebidas.

Nadie es ajeno al hecho, denunciado ya por la Procuraduría, exfiscales, expertos jurídicos y los propios Vela y Pérez, de que lo que está en juego realmente es el acuerdo de colaboración al que Odebrecht y el Ministerio Público habían llegado para que la empresa confesara, a cambio de cierta inmunidad, todos los alcances de la trama de corrupción que durante años desarrolló en el país.

Ese acuerdo se iba a firmar este 11 de enero y los primeros interrogatorios que iban a desarrollar Vela y Pérez bajo esos términos arrancarían el 14 de enero en la ciudad brasilera de Curitiba.

La promesa de que esas confesiones iban a ser “explosivas” para la política peruana parece ser el detonante de esta medida de Chávarry.

Sin embargo, la indignación ciudadana y el respaldo firme del Ejecutivo que han recibido los fiscales cesados hace muy complicado que Chávarry logre llevar a cabo sus planes.

Para empezar, los dos hombres que propuso para sustituir a Vela y Pérez, el fiscal superior Frank Robert Almanza y el fiscal provincial Marcial Eloy Páucar, anunciaron ya que no van a asumir el cargo, una decisión en la que seguro tuvo que ver la enorme presión popular y política que ha desatado el caso.

Además, la Junta de Fiscales Supremos, compuesta por cinco fiscales, entre ellos Chávarry, deberá votar y pronunciarse sobre la destitución.

Según Vela y Pérez, y otros varios juristas consultados por la prensa, Chávarry debería inhibirse en esa votación.

Un empate entre los cuatro fiscales restantes anularía la destitución, y dos de ellos ya han mostrado su rechazo a la medida.

Por último está el paso dado por el presidente Martín Vizcarra, quien hoy presentará un proyecto al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público y así poder al menos paralizar la decisión de Chávarry.

El Congreso es el único que puede de momento destituir al fiscal general, algo que la mayoría fujimorista ha venido evitando desde que éste asumiera el cargo entre serios indicios de estar vinculado, precisamente, a una mafia de corrupción en la judicatura que favoreció y mantuvo contactos con líderes de la agrupación política.

La presión popular y las fracturas en el seno de Fuerza Popular, hacen complicado que ahora puedan evitar el debate e incluso no se puede descartar que varios de sus diputados voten en contra de Chávarry.

Más aún, Vizcarra ya advirtió que si no se trata este asunto con la debida diligencia, podría forzar una cuestión de confianza y con ello, tal y como habilita la Constitución, disolver la cámara y convocar nuevas elecciones legislativas.