Peritaje concluyó en que el disparo contra Andrés Padilla no era necesario

Ibarra. Un claro informe de balística, el resultado de la segunda autopsia y el peritaje sobre el uso progresivo de la fuerza, han sido claves para que la Fiscalía investigara la muerte de Andrés Martín Padilla Delgado.

Diario EL NORTE tuvo acceso al proceso de investigación que cuenta con 24 cuerpos y 2 331 fojas, en donde reposan, hasta el mediodía del viernes, 194 elementos procesales.

El confuso hecho sucedió el jueves 23 de agosto, día en el que también fue detenido el policía David V., principal sospechoso de provocar el deceso al hombre de 26 años, oriundo de la comunidad El Juncal.

El agente está siendo investigado por el artículo 293 del COIP, que señala la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

La principal versión que han mantenido los defensores del policía fue que, antes de que se produjera el disparo, él habría sido agredido. Del informe médico se desprende que el agente del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, tenía una subluxación (desplazamiento de una articulación) de hombro izquierdo, una herida y un traumatismo superficial en la cara, un traumatismo de pared anterior y traumatismos múltiples superficiales de brazo, y por ello recibió una incapacidad física de 9 a 30 días.

Más detalles. La hoja de vida de David V., que reposa en el proceso, es intachable. Su desempeño como cabo primero de Policía tuvo un promedio de 19,64/20 y su conducta fue calificada con 20/20. Varios reconocimientos y felicitaciones públicas se suman a las 64 horas de capacitación en uso progresivo de la fuerza y a las 100 de práctica de tiro.

En el mismo proceso reposa el documento que comprueba que Andrés Padilla no registraba antecedentes penales, además de una prueba toxicológica que demuestra que el fallecido no tenía rastro de alcohol o sustancias estupefacientes en su organismo.

Resultado. En el proceso también consta el primer informe de la autopsia de Padilla, en donde se detalla que se trató de una muerte violenta por un trauma cráneo encefálico severo, producido por la detonación de un proyectil con arma de fuego a una distancia aproximada de 4 metros. En esta primera diligencia se encontró un núcleo de bala que no incriminó de forma directa al policía.

Sin embargo, el cadáver fue exhumado el 18 de octubre y luego de ser trasladado hasta el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tungurahua, se pudo obtener un blindaje, que permitió reconstruir la bala que mató a Padilla.

El informe realizado por la perito de Criminalística, Yesenia Sánchez, concluyó que la munición fue disparada por un arma de fuego marca Glock, modelo 17, calibre 9 milímetros, con número de serie MWM 493, las mismas características del arma de dotación del agente procesado.

A esto se suman las conclusiones a las que llegó el perito Diego Peñafiel, experto en investigación, judicialización y reparación de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde 2008. En el documento manifiesta que “en el momento en que se registra el disparo del arma de fuego, no se verifica la inminencia de una agresión letal por parte de Andrés Padilla”.

Además detalla que “el occiso se encontraba de espaldas al tirador, lo cual no justifica el uso de la fuerza letal, y por lo tanto, no cumple con el principio de necesidad”.

El experto concluye en que “se extralimitó el uso de la fuerza frente a la agresión recibida. En esta línea dado que se utilizó el arma de fuego y el impacto del proyectil fue en la cabeza, tampoco se puede verificar moderación e intento de minimizar los daños y lesiones, más aún cuando el agente policial pertenece a un grupo élite de la Policía Nacional y tiene experiencia como tirador”.

Otros elementos. En el proceso también consta el peritaje del entorno social, notablemente los panoramas son diferentes empezando porque la familia del gendarme investigado recibió en su casa al equipo de la Fiscalía y colaboró durante la investigación, al contrario de la familia de Andrés Padilla, que no prestó las facilidades para que los funcionarios acudieran a su hogar, aduciendo que no se encontraban en el sitio.

En el informe de la familia de Padilla dice que sus allegados se encuentran devastados, aludidos e insultados a través de redes sociales y que la situación es precaria, pues dependían económicamente del joven.

Mientras que el informe de David V. concluye que sus allegados se encuentran en situación de vulnerabilidad por las amenazas de muerte que han recibido y que este hecho mantiene a la familia angustiada, preocupada e intimidada, especialmente a su madre, quien es la más afectada.

El 10 de octubre se realizó la reconstrucción de los hechos en donde estuvo presente David V.
Jaquelina Delgado es la madre de Andrés Padilla. La familia aseguró que los gastos de su defensa los está asumiendo una ONG.