Paolina Vercoutere: “Este proyecto de ley no cumple las expectativas”

El pasado jueves 17 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, lo cual ha generado varias reacciones en todo el territorio ecuatoriano, tanto a favor como en contra. En este sentido, Paolina Vercoutere, concejala de Otavalo y activista feminista, analizó el tema en diálogo con ENtv, canal digital del Grupo Corporativo El Norte.

“Esta ha sido una lucha histórica de las mujeres desde hace varias décadas. La Corte Constitucional del Ecuador, en abril del 2021 ya despenalizó esta causal, es decir a través de este fallo constitucional ninguna mujer, niña, adolescente o cuerpo gestante; puede ir a la cárcel. Es así que la Corte Constitucional manda a la Asamblea Nacional para que norme este derecho”, inició Vercoutere.

Uno de los aspectos de mayor controversia fue el tema de los plazos para que una ciudadana acceda a la interrupción de su embarazo. Lo cual se fijó finalmente en 12 semanas de gestación, mientras que en casos excepcionales del sector rural, hasta 18 semanas.

“Si bien este proyecto es una puerta de entrada para que se pueda efectivizar este derecho, no cumple nuestras expectativas, ya que nuestra postura era que esta ley no contemple plazos. Nosotros vemos legislaciones en Colombia, en Brasil, en otros países hermanos; que como se trata de un delito no hay plazos, pero en el caso del Ecuador, las posturas conservadoras de la Asamblea Nacional, hicieron a último momento que se bajen los tiempos”, expresó Vercoutere, haciendo referencia paralelamente a que esta disminución de semanas perjudicaría a las mujeres del sector rural especialmente, pues la mayoría no conocen sus derechos.

“Las niñas a penas se enteran que están embarazadas sobrepasadas las 20 o 22 semanas. De acuerdo a estadísticas, el 80% de niñas van a quedar por fuera de estas 18 semanas que se han fijado de plazo y van a seguir siendo forzadas a ser madres ”, opinó.

Según la feminista otavaleña, esta problemática en torno a los plazos de acceso tienen su raíz en las posturas conservadoras de los legisladores, quienes a su criterio no son técnicas, sino más bien apegadas a la religión o a la moral, sin elementos contundentes.

“La Asamblea Nacional y el Estado siguen forzando a las mujeres, niñas y adolescentes a ser madres, por lo cual también se empujará a continuar interrumpiendo los embarazos en la clandestinidad con posibles riesgos de muerte para las gestantes”, agregó.

Como es de conocimiento general, una vez aprobado este proyecto de ley, la Asamblea Nacional lo envía al poder Ejecutivo, para que se realicen las observaciones del caso, o en su defecto se dé luz verde a la publicación oficial.

“El presidente Guillermo Lasso ha dicho que va a vetar la ley. No sabemos todavía en qué términos, pero a nosotros nos preocupa que se pongan trabas en el tema del acceso, es decir que se revictimice a las mujeres, pidiéndoles una denuncia, con las deficiencias que tenemos en el sistema de justicia”, manifestó la autoridad otavaleña.

Finalmente, se refirió a que varios asambleístas le habrían dado la espalda a las mujeres del país, entre ellos legisladores imbabureños, quienes en primera instancia respaldaban la causa, pero que luego se echaron para atrás.