Otro funcionario le defrauda al Alcalde

pag-3“Lamento que una persona, con un cargo importante en la Municipalidad, presumiblemente, tenga algún grado de involucramiento. Pero estamos totalmente dispuestos a apoyar a la justicia para que salga la verdad”, dijo el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, minutos después de que a un funcionario de su confianza, la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, Raquel Maza Puma, le dictaminara prisión preventiva en su contra, vinculándole en una supuesta estafa.


Cuando el reloj marcaba las 16:00, una de las salas del palacio de justicia, estaba lista para recibir a la jueza, acusados, acusadores y al fiscal que investiga el caso de presunta estafa, en el que R.P., un exfuncionario municipal y que se encuentra detenido con figura de testigo protegido, es investigado.
Pero fueron las últimas versiones de R.P. las que obligaron a la Fiscalía a solicitar la audiencia de vinculación, en la que se pedía se incorpore en el proceso de instrucción fiscal, la orden de prisión preventiva en contra de otro funcionario activo, de alto rango y que laboró ayer en el Municipio de Ibarra.
Luego de escuchar las intervenciones del fiscal, abogados de las partes acusadoras y de la defensa de los involucrados, la jueza determinó que la orden de prisión solicitada por la Fiscalía cumplía con todos los requerimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Por ello solicitó la inmediata captura del actual funcionario municipal A.T.

 

EN EL MUNICIPIO
Inmediatamente, en horas de la noche, el primer personero municipal en una rueda de prensa aclaró lo que ha sucedido con los dos casos de su administración, presuntamente involucrados en el delito de estafa.
“Estamos dispuestos a prestar a la justicia todo nuestro apoyo desde la Municipalidad, para que se logre establecer cupables y se llegue al fondo de la verdad. La familia que denunció al señor R.P (primer involucrado) lo hizo primero ante el Alcalde de Ibarra y el proceso de la destitución del señor R.P. se lo llevó aquí (Municipio) en el mes de abril y duró hasta mayo. Luego la justicia actúa y es detenido”, dijo el Alcalde en una desolada sala de sesiones.
“La denuncia presentada por los señores Marco Daniel Criollo y otros, en contra del señor R.P, se dio el 8 de abril del año 2015, al Alcalde, en esta denuncia por escrito se dice que el señor R.P les solicitó dinero hace más de un año, es decir en abril del 2014, entregándole 15 200 dólares. Dos días despúes de esta denuncia declaré un sumario administrativo y terminó con la resolución de la destitución del cargo.
El señor R.P. conociendo del inicio del sumario administrativo, dos días después, renuncia al cargo y yo no le acepté la renuncia para proceder con el sumario administrativo. La documentación recibida en este entonces no menciona a ningún otro involucrado, ¿Ustedes creen que sabiendo que hay la implicación de un funcionario municipal voy a quedarme tranquilo y callado, si aquí los señores denunciantes decían que está involucrado otro funcionario municipal?. Inmediatamente había que seguir el sumario administrativo”, dijo con indignación el burgomaestre a la espera de que el proceso judicial continúe en los próximos días.

EN LA AUDIENCIA
El fiscal encargado de llevar el caso en contra de R.P y quien presentó la solicitud de audiencia de vinculación para A.T. explicó lo que a su criterio ameritaba la prisión preventiva en contra del funcionario municipal. El fiscal señaló que R.P (primer detenido investigado) cobró a Marco Daniel Criollo 6 mil dólares, por entregarle dos puestos en el Municipio, igualmente cobró a Jorge Rubén Criollo 6 400 dólares por dos puestos más, a Jaime Paúl Rosero tres mil dólares (pago en cheque) por un puesto y a Carlos Landeta 1 800 dólares por un puesto similar en la Municipalidad. La explicación del fiscal continuó señalando que luego de que R.P decidiera dar su declaración, salen cosas en donde se involucra directamente a A.T. en la venta de puestos en el Municipio. El fiscal menciona que R.P. aseguró que A.T. le pidió al primero seleccionar a un grupo de personas para entregarles un trabajo en diferentes áreas de la Municipalidad. R.P en ese momento le habría preguntado a A.T que si el puesto sería seguro, a lo que el funcionario municipal A.T. respondió que es efectivo el cargo en un 100%.
Según las pruebas de Fiscalía, R.P recibía las carpetas y el dinero y le entregaba a A.T, pero previamente R.P le llamaba por teléfono al ahora involucrado para informarle del tema, llamadas que eran escuchadas por los presuntos perjudicados y grabadas por R.P.
Audios que también son parte de la prueba en la actual instrucción fiscal que continuará durante los próximos días.