Ordenanza de tránsito quedaría sin efecto

Alrededor de 400 choferes profesionales que buscaban un cupo para acceder a trabajar en taxis de modalidad ejecutivos fueron vulnerados sus derechos en el año 2011, según Fernando Delgado, demandante, se discriminó a muchos ciudadanos ya que para poder obtener un espacio se solicitaba un certificado de no poseer antecedentes penales de tránsito, esto sucedió en la administración 2009-2014. Luego de nueve años, la Corte Constitucional con ocho votos de nueve declaró inconstitucional a esta norma establecida.

Delgado mencionó que se dio a conocer a la ciudadanía mediante una rueda de prensa sobre la sentencia de la Corte que declara la inconstitucionalidad de la ordenanza que planifica, regula y controla el servicio de taxi ejecutivo en el cantón Ibarra, determinando observaciones importantes y declarando que el Gobierno Autónomo Descentralizado San Miguel de Ibarra discriminó a muchos choferes profesionales y afectó derecho humano, esto sucedió en la Administración 2009-2014.

“La declaratoria de inconstitucionalidad significa dejar sin efecto todo lo actuado, pero con la fuerza de retrotraer para garantizar la supremacía constitucional”, agregó Delgado.

Contó además que esta sentencia el Municipio de Ibarra no tenía conocimiento, Delgado informó de este documento en la entidad para que puedan saber la grave problemática. “Hay tanta ineficiencia en el Municipio de Ibarra y esto equivale también a la corrupción de algunas administraciones municipales”, dijo.

El demandante aseguró que el Municipio de Ibarra a través de Asesoría Jurídica y la Unidad de tránsito y Transporte Terrestre de la época en la que se puso la demanda solicitaron un requisito que era inconstitucional que fue haberles pedido a los ciudadanos que presenten una certificación de no tener antecedentes penales de tránsito.

Delgado enfatizó que con este pedido se vulneró el derecho a la igualdad, al trabajo y a participar de bienes y servicio de óptima calidad. Esta demanda se puso luego que la Contraloría General del Estado determinó responsabilidades administrativas y a través de un informe se aseguró que se registraron anomalías.

De esta manera el proceso se pasó a la Corte para que seis años después se les otorgue la razón. Esta sentencia es vinculante que si no se cumple de inmediato van a ser destituidos de su cargo todas las autoridades administrativas.

Para poder tener un cupo y trabajar se presentaron alrededor de 800 aspirantes de taxis ejecutivos pero más de la mitad se quedó fuera.