Con una ordenanza se busca controlar las fiestas ilegales en Ibarra

En un informe presentado en la sesión de Concejo Municipal de Ibarra, se detalló el proyecto de ordenanza que pretende regular las reuniones o fiestas ilegales en inmuebles públicos o privados de Ibarra.
Con 10 votos a favor se aprobó este proyecto de ordenanza, luego de que los concejales realizaran varias observaciones.

Sin embargo, como recomendación la comisión de Riesgos, Movilidad y Seguridad, luego del análisis, debate y consideraciones formuladas por los concejales, recomienda aprobar en primer debate el proyecto de esta ordenanza.

En el texto de este documento consta que la dirección de seguridad junto a otras entidades realizan controles con la finalidad de hacer cumplir las ordenanzas municipales en especial de fiestas privadas organizadas en viviendas y otros hogares, donde en los últimos años se ha podido evidenciar que se encuentran gran cantidad de personas aglomeradas que irrespetan las normas de bioseguridad al no utilizar mascarillas en medio de una pandemia por la Covid-19.

Debido a la emergencia sanitaria, se recomienda tomar medidas de seguridad de manera urgente con poder sancionatorio con el fin de evitar que se realicen todo tipo de actividades relacionadas con fiestas, celebraciones, ceremonias y festividades en viviendas o locales no autorizados.

En Ibarra, en los últimos tiempos se ha dado un fenómeno social de hacerse más visible las fiestas clandestinas conocidas popularmente como ‘caídas’, donde se ha constatado menores de edad en completo estado etílico y bajo efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y personas encontradas en actos ilícitos dentro del ámbito sexual.

En su intervención, el director de seguridad de la municipalidad, César Escobar, informó que la pandemia reveló algo que ya venía sucediendo, el tema de la clandestinidad, que actualmente se incrementó. “Cuando se cierran ciertos espacios o se regulan los horarios se abren otros sitios ilegales”.

En este proyecto se establece que los propietarios, arrendatarios, administradores o representantes que incumplan las restricciones señaladas en la ordenanza, serán sancionados mediante lo dispuesto referente al debido proceso. La violación de la ordenanza generará una sanción de dos salarios básicos unificados si es primera vez.