Ley de Simplificación y Progresividad

A estas alturas del año, el Gobierno busca desesperadamente que el Legislativo apruebe la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Este cuerpo legal de 50 artículos reemplaza a aquel proyecto llamado Ley de Crecimiento Económico, que constaba de más de 400 artículos y que fue archivado por los asambleístas.

Con la probable aprobación de esta Ley, el Ejecutivo aspira a ingresar unos 620 millones de dólares adicionales en el año 2020 y unos 647 millones en 2021. Son cifras importantes en medio de la estrechez económica del país, pero poco significativas en términos de las necesidades reales del Estado.

Esos nuevos ingresos se generarían a través de los siguientes instrumentos: una nueva tarifa plana de Impuesto a la Renta (2%) para microempresarios; un impuesto temporal por tres años a las empresas que vendan más de un millón anual; impuesto a los dividendos que se giran al exterior; y, el cobro del 10% del ICE a planes de telefonía celular post pago para personas naturales.

Los requerimientos de financiamiento para el año 2020, calculados en unos 6.000 millones, están lejos de ser cubiertos. Con los lamentables acontecimientos de octubre (protesta vandálica, violenta y sin propósitos válidos) Ecuador perdió la oportunidad de eliminar el ineficiente subsidio a las gasolinas que cuesta 1.500 millones por año. ¿Volverán a mirar al IVA?