La próxima semana se conocerá el veredicto de la Corte Provincial

Ibarra. Luego de que se conociera que el juez ponente, Javier de la Cadena, fue designado como conjuez Temporal para la Corte Nacional de Justicia, en el caso de apelación de la sentencia impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, a David Eduardo V., la incertidumbre invadió a las partes procesales.

La familia y allegados del miembro del GOE exigían celeridad y que se de a conocer la resolución de la audiencia. Mediante un escrito, los jueces acompañantes, Sofía Figueroa y Eladio Coral, solicitaron al director provincial del Consejo de la Judicatura en Imbabura, que se presente la acción de personal del juez ponente, para que se pueda sortear a un nuevo juez, y así, se pueda resolver la situación jurídica del procesado, quien se encuentra privado de libertad desde el 23 de agosto de 2018.

Según los jueces acompañantes, decidieron presentar su pedido al director, Jaime Lozada, luego de que insistentemente, de manera verbal y sin obtener una respuesta, han requerido a las instancias administrativas de Imbabura información documental suficiente para continuar con el trámite procesal, o para la reintegración del juez ponente, que permita resolver los recursos de apelación interpuestos y notificar la decisión judicial que corresponda.

Detalles. “Uno de los principios del sistema procesal, considerado como medio para la realización de la justicia es el de celeridad, según el artículos 169 de la Constitución de la República y que lo ratifica el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que la administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la Ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por la violación de los principios y reglas del debido proceso, por lo tanto, todas las servidoras y servidores la Función Judicial aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo, siendo responsables por sus acciones, u omisiones en el desempeño de sus funciones. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la Ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y la Ley”, señaló el escrito.

Nuevo magistrado. Luego de que realizaron el sorteo, Olavo Hernández fue designado como juez ponente, y la reinstalación de la audiencia será el próximo 26 de diciembre, a las 16:00, según se ha anunciado en el sistema informático de la Función Judicial.

La diligencia se desarrollará en la misma sala donde inició y se desconoce si estará presente el procesado, David Eduardo V., quien permanece privado de libertad en la cárcel 4 de la ciudad de Quito.