La protección de derechos es mirada desde la perspectiva de Hilda Herrera

Ibarra. La secretaria nacional de Derechos Humanos, doctora Cecilia Chacón, abrió la posibilidad técnica y profesional para que la exconcejala ibarreña Hilda Herrera Tapia, ocupe la coordinación zonal 1 de esta dependencia.

El trabajo se lo efectuará en Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

¿Cómo se dio su designación? Yo tengo el perfil, preparación académica y mucha experiencia en temas estratégicos que ahora desde la Secretaría Nacional van vinculados al trabajo de las localidades. Entonces combinados los derechos humanos y el trabajo que he realizado en territorio, me permiten llegar a este cargo eminentemente técnico.

Ya le dirán que es gobiernista… Puede darse lugar a muchas interpretaciones, nosotros asumimos este reto, no desde un aspecto político, sino desde una visión distinta, porque en el ejercicio de los derechos humanos también vamos a encontrar contradicciones que se dan desde el Estado y en cualquier nivel.

¿Cuál es el punto de partida? La Constitución del 2008 marca la ruta de concepción de un nuevo Estado que lamentablemente, pese a que han transcurrido más de 12 años, no tenemos ese Estado plurinacional, multiétnico, garantista de derechos de las personas de manera individual, colectiva y de la naturaleza. Lo más importante es llevar esta representación con ética, dignidad y coherencia de la que siempre he hablado.

¿El cambio no ha llegado aún al país? La lucha es constante y el Estado, las localidades, tienen que desarrollar toda esta concepción que está en la Constitución.

¿Cómo será su trabajo? Desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos tres ejes estratégicos,. El primero es la lucha contra todo tipo de violencia y discriminación en los territorios. Segundo, vamos a manejar el fortalecimiento de los sistemas, consejos y juntas cantonales de protección de derechos, lo que significa trabajar con los 25 municipios que existen en la zona 1, sin miramientos de ninguna naturaleza política. Lo que interesa es cumplir el Acuerdo 20-30 de cara a lo que está estipulado por Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en movilidad. Y, tercero, es que seamos vigilantes de los procesos de acceso a la justicia, principalmente de estos grupos de atención prioritaria.

¿Hay municipios que no cuentan con estas estructuras? Definitivamente así es. Ha quedado a libre discreción, siendo una norma constitucional en donde se establece que deben crearse los sistemas cantonales de protección de derechos.

¿Cuántos no han cumplido? De los 221 municipios que existen en el Ecuador hay como un 30% que no tienen consejos de protección de derechos, menos aún sistemas, cuando la construcción de éstos, posibilita que haya un cambio en la lógica de la planificación territorial.

¿Por qué es importante esa visión? Porque es desde estos consejos de manera paritaria que se activa el Estado y la sociedad civil y supone un cambio de la estructura local con enfoque de derechos humanos. Se debe practicar una política integral, porque no puede ser que una persona extranjera vaya a un parque, lo ocupe, haya insalubridad y los niños no tengan acceso a las escuelas.. No queremos más desmanes, pero sí que la gente de la localidad se sienta más tranquila.