La Ley de Comunicación fue remitida por la Legislatura al Ejecutivo para su puesta en vigencia

ley-comunicacionQuito, 18 jun.- La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, remitió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Comunicación, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El proyecto fue aprobado el pasado viernes, y en la mayoría de los títulos obtuvo 108 votos, a excepción de los títulos V y VI que tuvieron 110 votos. Su aprobación fue calificada como histórica, tomando en cuenta que por el lapso de cuatro años este tema estuvo en análisis.
La aprobación de la Ley generó el rechazo de la mayoría de medios privados del país y de los gremios de prensa, a los que el Gobierno acusa de estar politizados y de haber sustituido a la oposición.


El lunes, Mauro Andino, asambleísta ponente del proyecto, informó que la Ley tendrá plena vigencia en noventa días, una vez que el Ejecutivo se pronuncie y se viabilice la designación del Superintendente y los miembros del Consejo de Desarrollo, así como la expedición del reglamento.
El proyecto de ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente y entre otros aspectos busca garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación, así como también consagrar una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.
La normativa prohíbe la concentración de medios en personas naturales y jurídicas, impulsa que los medios de comunicación den prioridad a la producción nacional, entre ellos a los productores independientes.
También se incluyen temas relacionados con el linchamiento mediático, la creación de una Superintendencia de Información y Comunicación que se encargará de operativizar el trabajo del Consejo de Regulación y Comunicación en cuanto a las sanciones por incumplimiento de la Ley de Comunicación.
También, garantiza la libertad de expresión, la libertad de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
A través del articulado se establece la creación de los medios públicos; participa la ciudadanía en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; se garantiza el ejercicio profesional y sus derechos laborales, entre otros beneficios.
Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.
La propuesta establece el derecho a la libertad de expresión y opinión, la prohibición de censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación, a la réplica, protección integral de niños, niñas y adolescentes, la integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, las causales de destitución.