Jueza reduce condena de exlegislador Cléver Jiménez

jimenezQuito.- La jueza ecuatoriana Lucy Blacio redujo este martes 26 de agosto de 18 a 12 meses la pena que pesaba sobre el exlegislador opositor Cléver Jiménez, quien se encuentra prófugo tras ser condenado por un delito de injurias contra el presidente del país, Rafael Correa.

Blacio, señaló en una providencia que la reducción de la pena se basó en la normativa dispuesta en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigor el pasado 10 de agosto, y que establece para el delito de injurias penas de entre seis meses y un año de prisión.

Jiménez había sido juzgado con la normativa anterior que establecía penas de entre seis y dieciocho meses para el delito de injuria calumniosa.

La jueza Blacio decidió reducir dicha condena en aplicación de los principios de “favorabilidad” y “benignidad”, en favor y beneficio del reo, incluidos en el COIP.

La decisión de la jueza también beneficia a un exasesor de Jiménez, Fernando Villavicencio, también prófugo y que había sido condenado a dieciocho meses de cárcel en el mismo caso de injurias contra el presidente Correa.

Sin embargo, al médico Carlos Figueroa, condenado a seis mese de prisión en el mismo caso, la jueza mantuvo ese lapso porque corresponde al tiempo mínimo previsto en la normativa del COIP. Figueroa está detenido desde el pasado 22 de julio.

Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron condenados por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

Los condenados lo acusaron ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para supuestamente planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron los condenados, les otorgó medidas cautelares y reclamó al Estado ecuatoriano la suspensión de la ejecución de la condena, pero el Gobierno argumentó que el organismo no tiene competencia para hacer esa exigencia.