¿Seguridad, privacidad o transparencia?

ricardo trotiEl nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el Presidente propone.

Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo. Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras Septiembre 11 y desde que la comunicación se ha híper digitalizado. Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo -dicen-  se someten ante órdenes judiciales. Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige –a modo de reciprocidad- que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”. 

 

Ricardo Trotti
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