¿Quién ha pagado los daños del cuartel policial?

Ibarra. Hasta septiembre del año anterior la Fiscalía investigaba seis delitos alrededor del enfrentamiento entre ciudadanos y miembros de la Policía, ocurridos en el control integrado de Policía de Mascarilla, el 23 de agosto de 2018.

Los expedientes abiertos tenían relación con el accidente de tránsito que desató los disturbios, el secuestro de una grúa, además el cierre de la carretera E-35 y el incendio, saqueo y destrucción de un edificio de la Policía y un patrullero.

Ha pasado el tiempo y hasta el momento no existen personas aprehendidas sobre ninguno de esos casos.

Para no olvidar. A pocos días de registrado el hecho y luego de varias investigaciones, el personal policial ubicó cerca de Pimampiro parte de los artículos que fueron sustraídos en el Control Policial de Mascarilla. Según el reporte policial de ese entonces allí se encontraron abandonados entre la maleza una televisión marca LG y una maleta azul que contenía en su interior una bandolera y una correa policial.

En ese entonces la gobernadora de la provincia, Marisol Peñafiel dijo que en los hecho del 23 de agosto se habrían no solo sustraído del control policial lo antes señalado sino también motocicletas, computadoras, documentos y varios enseres. Al mismo tiempo la autoridad provincial de aquel entonces explicó que las investigaciones avanzan para dar con los responsables del hecho se señaló.

Existe solo un sentenciado. El único sentenciado por este caso ha sido el policía David. V. es así que hace poco el Tribunal de Garan-tías Penales de Imbabura lo halló culpable en el juicio por la muerte de Andrés Padilla en los hechos delictivos suscitados en Masca-rilla.

Fue la tarde del 19 de junio del 2019 que el Tribunal sentenció con una pena de tres años y cuatro meses (40 meses) al gendarme del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). El uniformado estaba detenido en la cárcel 4, de Quito. Si bien el artículo 293, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 10 a 13 años de cárcel por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dos de los tres jueces del Tribunal consideraron como atenuante que el gendarme no huyó y colaboró con las investigaciones, por lo que redujeron la condena a un tercio de la pena.

Otro testimonio. Tras la muerte del joven Padilla Delgado, un grupo de personas indignadas no solo incendió un patrullero, sino que también arremetió contra el edificio del Cen-tro Integrado de la Policía Nacional.

En este lugar se brindaban los servicios de Antinarcóticos, migración, seguridad, control del orden público y policía comunitaria.

“Hasta el comedor lo destruyeron”, dijo Judith Palacios, que trabajaba en el sitio. Pese a que en ese momento las autoridades provinciales, de turno, señalaron que se investigará el caso, hasta el momento no hay detenidos. “La justicia tiene que determinar a los responsables de estos hechos”, dijo Marisol Peñafiel en 2018, para la funcionaria, era importante que la Fiscalía nombre un perito externo para que garantice la imparcialidad en la investigación. En la reconstrucción de los hechos participaron, en su momento, tres peritos, uno de criminalística, otro de reconstrucción en 3D y otro en eventos tácticos escucharon las versiones de 11 testigos, que presentaron los abogados de las partes. Desde la Fiscalía no se ha informado cómo avanza el proceso investigativo en torno a este hecho, que dejó daños del bien público.