¿Las reformas al COIP, apoyan acción policial?

Ibarra. Los archivos de la Fiscalía, a nivel del país, muestran que en los primeros ocho meses de este año se abrieron expedientes judiciales en contra de al menos 62 policías, señalados por exceso en el uso de la fuerza, a escala nacional.

Las reformas llegaron el martes pasado. Ese día, en el Código Penal se incluyó un artículo en el que se habla del cumplimiento del deber legal de los policías.

El uso progresivo de la fuerza. Allí se indica que los agentes que lesionen, dañen o provoquen la muerte de otra persona no incurren en una ilegalidad siempre y cuando estén en un acto de servicio, cuando actúen ante amenazas o riesgos inminentes o apliquen el uso progresivo de la fuerza.

En otro artículo se detallan los cinco niveles de acción que se pueden emplear. Estos van desde la simple presencia de los gendarmes en una escena hasta el uso de las armas de fuego.

Por eso, en la Mesa de Justicia que trabajó en las reformas legales se analizó el caso del ataque mortal en contra de Diana Carolina, en Ibarra. En ese episodio, los agentes fueron señalados por no aplicar el uso progresivo de la fuerza.

Representante en la Zona 1. El general Pablo Rodríguez, comandante de la Policía en la Zona 1 dijo que se espera que existan mayores garantías para el trabajo que realiza la Policía en cada una de sus jurisdicciones. Considera además que en casos como de la extralimitación en la ejecución en un acto de servicio, deben existir jueces especializados para llevar adelante procesos judiciales de este tipo. “Imagínese en las ciudades pequeñas existen jueces multicompetentes, entonces esperamos que realmente existan esas garantías”, dijo el jefe policial en la Zona 1.

Establece la norma. Para el uso progresivo de la fuerza se deberá observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, considerado este último como el equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada, cuando exista inminente riesgo de vulneración de derechos o alteración de la seguridad ciudadana y el orden público.

“En todos los casos que la o el servidor policial o de seguridad y vigilancia penitenciaria actúe en cumplimiento de su misión constitucional, deberá recibir patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del Estado, a través de la Policía Nacional y la Entidad Rectora en materia de Rehabilitación Social según corresponda”, precisa la norma.

No está de acuerdo. La asambleísta Marcela Aguiñaga, criticó los cambios introducidos, y argumenta que los cambios introducidos podrían permitir la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. “Lamentablemente, hoy nos encontramos ante un reforzamiento del estado policial, donde quedamos los ciudadanos vulnerables ante la posibilidad del uso excesivo de la fuerza”, dijo.