Indígenas solicitan medidas alternativas

Quito. Taulin-Corpuz, relatora Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Uni-das se refirió a la visita que realizó a José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar Huerta y María Digna Sarmiento Chuqui, tres autoridades indígenas que se encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca por administrar justicia indígena en su territorio. La relatora los visitó con el fin de conocer personalmente los casos de la criminalización de la justicia indígena.

Punto de vista. Frente a esta situación, dijo que es deber del sistema judicial otorgar medidas sustitutivas a las autoridades indígenas para que se pueda coordinar el ejercicio de la justicia indígena con la ordinaria. Cuestionó que autoridades indígenas hayan sido criminalizadas por ejercer la justicia indígena bajo delitos de plagio y daño a la propiedad privada.

Por eso, señaló que el pedido de amnistías para aquellos que han sido injustamente encarcelado y criminalizados debería ser manejado de la manera más inmediata.

Preocupación. Los casos de dirigentes indígenas asesinados como Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendetza también preocupó a la relatora que recomendó al Estado otorgar las facilidades y herramientas en la búsqueda de responsables y reparación las familias de las víctimas. Finalmente recordó al Gobierno, que las nacionalidades y pueblos indígenas no solo se oponen a proyectos extractivos o políticas estatales, si no que también tienen proyectos de vida en comunidad, tal es el caso del proyecto Kawasak Sacha de Sarayaku. Para Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación Regio-nal de Asesoría en Dere-chos Humanos (Inredh), el Estado ecuatoriano debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la relatora especial, debido a que el Ecuador ha suscripto todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas.