Indígenas denuncian que sus líderes son perseguidos por luchar contra minería

Quito. Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) denunciaron este martes en una rueda de prensa que sus líderes son perseguidos por luchar por luchar por su territorio y en contra de la industria de la minería y el petróleo.

Así lo expresó el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien dijo que en el país andino “hay violaciones de derechos humanos; más de 260 líderes perseguidos por defender sus territorios; más de 1,5 millones de hectáreas entregadas a las empresas petroleras y más de 200.000 hectáreas entregadas a las empresas mineras para su explotación”.

En este sentido, desde la organización, anunciaron que rechazarán cualquier consulta acerca de la minería en territorios indígenas en Ecuador ya que “ya han decidido y deciden rechazar la minería” y porque “con o sin consulta previa e informada, se siguen vulnerando los derechos humanos en Ecuador” y se “sigue invadiendo su territorio”, denunció Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE).

A su vez, exigieron que se retiren “todas las concesiones mineras de gran escala en territorios pertenecientes a pueblos indígenas que se han realizado sin haberles consultado previamente” y anunciaron que convocarán grandes movilizaciones para el mes de octubre en protesta por la “vulneración de los derechos” de los pueblos indígenas “sobre sus territorios ancestrales”.

También elevarán sus reivindicaciones a “instancias internacionales para que su territorio sea defendido y respetado”.

Además, también advirtieron que, si no se retiran todas las empresas, “tendrán que entrar en ellas para sacarlas de sus territorios”, una medida que reivindicaron en principio como “pacífica” ya que “darán tiempo a las empresas para que se retiren”, pero que cuya dirección dependerá exclusivamente “de las comunidades”.

En 2018, el Gobierno hizo pasar en referendo una restricción a la minería metálica dentro de un acuerdo con los indígenas, pero la CONAIE se siente traicionada porque en las mesas de diálogo exigieron el fin de las concesiones, que, según aseguró en entrevista con Efe el vicepresidente de la CONAIE, Manuel Castillo, no han cesado en ningún momento.

Para combatir el fenómeno, grupos medioambientales y colectivos indígenas han aunado esfuerzos en todo tipo de campañas populares y legales para frenar los proyectos mineros, aunque el debate entre “progreso” y “conservacionismo” seguirá en los próximos años conforme se vayan entregando las nuevas concesiones.

Pese a hoy anunciaron que se trata del pueblo Shuar el que rechaza la minería, lo cierto es que ya hay otros pueblos que han alzado su voz contra el gobierno en los últimos meses.

En Río Blanco, situado en la provincia de Azuay (sur), han surgido problemas con las comunidades locales, que demandan al Gobierno cumplimentar el exigido proceso de “consulta popular” porque, sostienen, afecta a sus fuentes de agua.