11-07-2019 | 08:33
(I)

Se continuarán acciones para recuperar el pago duplicado

Negligencia y omisión por parte de exfuncionarios del GAD, incluido el exprocurador síndico, Arturo Godoy, se concluye en informe sobre doble pago.

Ibarra. Exfuncionarios del GAD Municipal (de la administración de la alcaldía de Jorge Martínez) incurrieron en negligencia e incumplimiento de sus funciones al no realizar un control previo adecuado de la solicitud u orden de pago.

Así se evidenciaron debilidades de los procesos financieros y de control interno del Municipio de Ibarra “y esto ocasionó a que se proceda a realizar un segundo pago por el mismo concepto, monto y beneficiario”, se indica.

Esta es una de las conclusiones del informe de la Comisión Especial para la investigación del presunto doble pago materia de una expropiación de propiedad de Cristóbal Benalcázar Naranjo.

Proceso. Ayer, en el Concejo Municipal se presentó el informe de la Comisión Especial, en la que, además se precisó que el procurador síndico de la administración de Jorge Martínez y actual director jurídico de la Emapa-I, Arturo Godoy, “actuó en omisión al no comunicar al Juez tercero de lo Civil de Ibarra sobre el pago realizado el 31 de mayo de 2013 por el monto de $86 554, 91, a favor de Lucía Posso, que se desempeñaba como procuradora judicial de Benalcázar, para que se archive el proceso legal”.

La segunda transferencia, por el mismo valor, la realiza el GAD de Ibarra el 15 de julio de 2016, en la administración de Álvaro Castillo.

La Comisión establece que se ocasionó un perjuicio económico al GAD Municipal de Ibarra, por un valor de $86 554, 91 “producto de un doble pago realizado dentro del juicio de expropiación por el mismo monto, concepto y beneficiario”.

El siguiente procurador judicial de Benalcázar, Franklin Artos, asume que existe un cobro indebido y solicita facilidades de pago de los $86 554,91 a lo que se suman $40 458 dólares generados de intereses. En el informe se detalla que Lucía Posso, “no comunicó al juez, el haber cobrado el monto por el concepto de justo precio, dentro del mismo proceso judicial”. Sobre este asunto se han interpuesto acciones ante la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE, y, corresponde a estas instituciones, acorde a sus atribuciones, establecer las responsabilidades. “No le corresponde a la Comisión Especial realizar acciones que ya han sido iniciadas y deben seguir su curso legal”, enfatizó Mirian Ayala, presidenta de la Comisión. También la conformaron Tania Chamorro y Betty Romero.