En Ibarra se desarrolla la audiencia evaluatoria de juicio contra familiares de Andrés Padilla

Esta previsto que para este  viernes, 20 de noviembre de 2020, desde las 10:00 se instale  la audiencia oral pública  evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de Roberto E. y Luis E., familiares de Andrés Padilla quien murió tras un impacto de bala de dotación policial ocurrida el 23 de agosto de 2018, en el sector del control de Mascarilla, en la provincia de Imbabura.

Ericka Maldonado, abogada de ambos procesados, explicó que tanto Roberto como  Luis han sido llamados a juicio por el supuesto delito de ataque y resistencia, cometido en contra de dos agentes y un mayor de la Policía Nacional durante los acontecimientos. Sin embargo, según dijo la abogada ellos no estuvieron en el lugar de los hechos, ya que acudieron directamente al hospital San Vicente, en la ciudad de Ibarra, para ver el estado de salud de Andrés.

La jurista señaló que durante la investigación previa y los 90 días de instrucción fiscal que concluyó el 1 de noviembre de este año, la defensa de los policías no ha logrado presentar elementos de convicción necesaria para establecer la materialidad y responsabilidad de delito.

“Por ejemplo, de los tres agentes solo el mayor de la Policía Nacional asegura identificar a Roberto y Luis como autores del delito y esta identificación lo hace supuestamente una red social, aseguró la abogada Maldonado, para el portal por los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza, Inredh.

Y añadío que las pruebas sobre esta red social o peritajes no han sido ingresado al expediente.  David Velasteguí, policía investigado por la muerte de Andrés Padilla y  que es uno de los agentes denunciantes tampoco ha identificado a las dos personas procesadas.

En ese sentido, la abogada enfatiza que este proceso legal es una medida de presión y hostigamiento judicial en contra la familia Andrés Padilla, caso que se encuentra en la fase de casación, la Corte Nacional de Justicia.

El delito de ataque y resistencia está tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública será sancionada con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años.