Habitantes de Buenos Aires continuarán en resistencia

“Que quede claro que nadie de Buenos Aires se arrodilló ante la Policía Nacional, nos arrodillamos ante Dios Nuestro Señor a encomendar nuestras vidas para seguir nuestra lucha en adelante”, con estas palabras manifiesta su sentir una moradora de la parroquia de La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, luego de que el pasado 3 de agosto la empresa minera Hanrine, con ayuda de la Policía Nacional, logró ingresar a la concesión minera ‘Imba1’ en contra de la voluntad de los pobladores de esta localidad, quienes han permanecido en resistencia contra la minería legal e ilegal por más de 100 días.

Con el fin de levantar el bloqueo por parte los pobladores, la empresa Hanrine presentó una acción de protección ante la Unidad de la Familia Niñez y Adolescencia de Iñaquito, en Quito, el pasado 22 de julio, que fue aceptada por el juez Byron Andrés Vallejo, argumentando que se vulneraron los derechos de Hanrine y disponiendo a la Policía Nacional garantizar el libre acceso del personal de la minera a la concesión ‘Imba1’.

Sin embargo, anterior a esta medida, había otra medida cautelar presentada por los defensores de la Naturaleza de Buenos Aires y el asambleísta Mario Ruiz, misma que fue acogida por el juez de la Unidad Multicompetente de Urcuquí, Manuel Sucuzhañay y que disponía el retiro de la empresa minera del lugar y la desmovilización de los campamentos, a fin de salvaguardar la integridad de quienes se encontraban allí. Esto, mientras se buscaba un diálogo con autoridades.

Según el asambleísta Mario Ruiz, ante estas dos sentencias contrapuestas la decisión de las autoridades debía estar enfocada en “respetar y hacer respetar los derechos humanos, la paz y la integridad del pueblo de Urcuquí”. En caso de cumplirse cualquiera de las dos decisiones, significaba un incumplimiento de la otra. La pregunta es, ¿por qué las autoridades del Gobierno, haciendo uso de las fuerzas policiales, han dado paso a que se cumpla la decisión del juez capitalino y no la del juez de Urcuquí?

¿Qué pasó el 3 de agosto?
La madrugada del 3 de agosto, más de 500 policías haciendo uso progresivo de la fuerza contra los pobladores en resistencia, abrieron paso y habilitaron la vía para el libre tránsito de la empresa minera a su área de concesión.

Los pobladores, al grito de “¡queremos paz!” y como símbolo de su resistencia pacífica, se arrodillaron ante la represión de los policías que, armados con escudos y gases lacrimógenos, arremetieron contra el pueblo de Buenos Aires, incluyendo mujeres y adultos mayores, para cumplir con la disposición del juez capitalino, en un operativo que calificaron como “exitoso”. Hubo heridos y también se detuvo a cuatro defensores de la Naturaleza.

Para los pobladores de Buenos Aires, “se ha perdido solo una batalla, pero no la guerra”. Ellos manifiestan que continuarán en resistencia y en su lucha para proteger el lugar donde viven de las consecuencias de la minería. Mientras tanto, ¿dónde están las autoridades? ¿Por qué permiten que se vulnere el derecho a la paz y a la integridad consagrado en la Constitución?