Grupo Parlamentario se une por la derogatoria del Decreto 1060, que elimina Siembra EP

La Empresa Pública Siembra EP logró la adhesión del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores, para evitar su liquidación y traspaso a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), según prevé el Decreto 1060,  del 19 de mayo de 2020, y que busca la eliminación de las empresas públicas.

Durante una extensa reunión realizada este lunes 15 de junio, la asambleísta Liliana Durán, presidenta del grupo parlamentario coincidió con el criterio de Dora Quimbiamba, presidenta del Frente de Defensa de Urcuquí, así como, con las versiones de los asambleístas Diego García Pozo y Silvia Salgado.

En lo principal, expresaron su desacuerdo con el Decreto 1060, por lo que pidieron su derogatoria, para que no se afecte a la Empresa Siembra EP, que tiene un horizonte hasta el año 2045; evite dejar en el desempleo a 436 familias y no se perjudique al Estado por existir un crédito con China que se encuentra vigente.

María del Carmen Alvear, de Siembra EP, confirmó que a partir del año 2018 existen cifras o recursos de autogestión, lo cual se podría mejorar con la implementación de varios planes, entre ellos el proyecto de cáñamo industrial; debiendo tomar en cuenta que el déficit de la Empresa a la fecha es de 4.7 millones de dólares.

Según la técnica de Siembra EP, el directorio, todavía vigente, nunca dio paso a los proyectos asociativos y con el ingreso de capital propio  se logró mantener la empresa estos meses ya que el Gobierno no otorgó presupuesto para el 2020.

Además se explicó que esta medida contradice el supuesto ahorro que pretende tener el Gobierno. Según la asambleísta Durán: “pretenden ahorrar 230 millones de dólares pero el cierre le costará al país, USD 260 millones; si se suspende el crédito concedido por Exibank.

Respecto a esta situación, la asambleísta Amapola Naranjo, invitada a la sesión, anunció que prepara la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 1060 expedido por el Presidente de la República.

Entre tanto, José Adrián Zambrano, gerente de la Empresa Siembra EP, precisó que la optimización del personal se realizará según las líneas de negocios. En este sentido, Edwin Sánchez Guzmán, viceministro de Trabajo, recordó que los derechos son irrenunciables, existirá un plazo para acordar la liquidación y un tiempo para su aplicación, dando seguimiento a las desvinculaciones y evitando la vulneración de los derechos de los trabajadores.

Situación de CNT, previo a la posible concesión

Esta institución no será privatizada dijo Martha Moncayo, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ante las preguntas de los asambleístas y opiniones de los extrabajadores Carlos Pilco y Julio Aguirre. Todavía no existen los informes técnicos para el proceso de  concesión de la empresa CNT que determine la modalidad de la misma, los que recién estarían listos este fin de mes.

Carlos Pilco mencionó que existe un criterio antitécnico respecto a que CNT continúe con un administrador privado. Julio Aguirre manifestó que hay denuncias de despidos y que ha disminuido el número de clientes.

La gerente recordó que se ejecutó un proceso de optimización en el 2019.  En la actualidad laboran 6154 personas y no se ha eliminado el “call center”, en donde actualmente existen 1050 personas relacionadas con esta actividad.

Correos, Ferrocarrilles y TAME

El Grupo parlamentario también recibió las opiniones de los empleados y representantes de los trabajadores de las Empresas Correos del Ecuador, Ferrocarriles y TAME, quienes fundamentaron que las decisiones vía decretos fueron tomadas sin sustento técnico y sin considerar el lado social y la posibilidad de reingeniería de cada institución.

Temas para el Pleno de la Asamblea

La asambleísta Silvia Salgado, del Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo, resaltó la participación de los diversos actores, especialmente de los trabajadores y empleados de las empresas públicas, quienes están abiertos a la presentación de propuestas para defender sus instituciones.