Gobernador recibió en audiencia a personas con discapacidad de Imbabura

El Gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, recibió este lunes 13 de julio a un grupo de ciudadanos con discapacidad organizados en el Frente de Personas con Discapacidad de Imbabura. El propósito de su presencia fue la solicitar la conformación de una mesa técnica para revisar como marcha el tema del tratamiento a  las discapacidades en la provincia.

En la cita comparecieron como representantes Wilson Navarrete e Inés Almeida, además de la presencia de Katherine Andrade, representante de la Defensoría del Pueblo en Imbabura.

“Como colectivo no vamos satisfechos por la respuesta afirmativa que tuvimos al tema de las mesas técnicas  y con muchas esperanzas de que aquí en adelante se puedan obtener muchas acciones en favor de este colectivo”, manifestó Navarrete.

En las últimas semanas se reveló en varias provincias del país casos corrupción en la entrega del carné de discapacidad para personajes públicos, asambleístas, jueces entre otros.

Estos actos de corrupción obligaron al Gobierno a iniciar sumarios administrativos y el Ministerio de Salud ordenó la suspensión de claves de acceso al Sistema Informático de Línea (SIL), mientras se suscriben acuerdos de confidencialidad con cada funcionario que conforme el equipo de calificación.

“Se suspenden las claves de acceso al sistema informático a más de 200 médicos que podían ingresar, esto mientras se resuelve el problema”, dijo Zevallos.

Además se pidió la revisión de la totalidad de los carnés de discapacidades entregados durante la emergencia sanitaria y el desarrollo del nuevo software del Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades, que automatizará el proceso de calificación para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00029-2020 del 1 de julio de 2020, se reformó el “Reglamento interno para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante”, con el objetivo de fortalecer los procesos de calificación y evitar la utilización dolosa de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad.

Según el MSP, las acciones serán para garantizar que los beneficios sean canalizados a las personas que por ley les corresponde.

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