Fallo histórico para las comunidades de Intag en su defensa por la vida

Las comunidades de Intag sientan otro precedente en su lucha en la defensa de la vida y la Pachamama.

Este jueves 24 de septiembre de 2020, la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos de las transnacionales y la omisión del Ministerio del Ambiente (MAE) de sus responsabilidades como autoridad ambiental.

La decisión de la jueza además fortalece y ampara la defensa de la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda y de la Rana Nodriza Confusa, especies amenazadas por el Proyecto Minero Llurimagua y cuya protección es prioritaria debido a que solo se han reportado anfibios únicos en el planeta que tienen su hogar la área minera LLurimagua y en ningún otro lugar del planeta.

Este logro se corresponde a 26 años de lucha constante en defensa de la vida y la dignidad, en la zona de Intag, sumado a la participación de distintas organizaciones, colectivos e individuos, donde destaca la presencia y apoyo de DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag), el Ecuador marca un precedente único ante el mundo por la defensa de los derechos de la naturaleza.

Dicha resolución establece:

1) el MAE dispone de un término perentorio de 3 meses para cumplir con las observaciones de Contraloría General del Estado con respecto a los daños causados en la primera fase de exploración; 2) el MAE deberá designar para esta concesión u otras con alta biodiversidad a entidades públicas o privadas adicionales a las contratadas por la entidad operadora; 3) considerar a universidades acreditadas diferentes a las contratadas por la operadora para validar los Estudios de Impacto Ambiental presentados; y 4) considerar a las comunidades de la zona y al municipio local.

Además, en caso de que el MAE no cumpla con estos requisitos dentro del término establecido, se revocará la licencia o plan ambiental a la entidad operadora. Sin la aprobación de las entidades antes descritas no se entenderán cumplidos los requisitos de la sentencia.