Excomandante y exteniente de Policía sentenciados a 13 años de cárcel por venta de pases

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Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía,  el excomandante de Policía, Fausto T. y el exteniente Alexis C.,  fueron sentenciados a 13 años y 3 meses de privación de la libertad, como autores del delito de delincuencia organizada. Además al pago de una multa de 14 640 dólares por la venta se pases policiales. María B., madre del exteniente Alexis C., la única civil procesada en este caso, fue sentenciada a 5 años de privación de la libertad. La jueza Maritza  Romero indicó que la procesada se extralimitó en la  admiración de los bienes de su hijo y  colaboró con las actividades ilícitas en las que él participó.

 

En su resolución, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha  hizo referencia a que el excomandante Fausto T. aprovecho de su cargo  en la Policía para obtener beneficios económicos  y materiales. Además  utilizó  bienes públicos  para sus actividades personales e ilícitas. 

Respecto al  exteniente Alexis  C.,  el Tribunal manifestó  que el procesado  lideró la estructura delictiva dedicada a la comercialización de traslados en la Policía Nacional. Además, utilizó su cargo público como asistente  de la Presidencia de la República para cometer el ilícito. Así manejó información privilegiada y abuso  de su poder ya que se benefició económicamente  de los recursos obtenidos de la venta ilícita de pases. 

También, otros  nueve procesados  fueron declarados culpables como coautores, al confirmarse  que mantenían contacto con los supuestos líderes (el excomandante Fausto T. y el exteniente Alexis C.), de la red  dedicada a la venta  de traslados. Ellos fueron sentenciados a 9 años y tres meses de privación de la libertad y al pago de 20 salarios básicos unificados (7.320 dólares).  

La resolución fue dada a conocer la tarde y noche del lunes 31 de octubre del 2016, tras 26 días de audiencia de juzgamiento. 

En el desarrollo de la diligencia, tres procesados fueron sentenciados como coautores a 10 meses de privación de la libertad por colaborar con la Fiscalía entregando información relevante que ayudó a desarticular la organización delictiva que operaba en las dependencias de la institución policial. 

La jueza Romero indicó que el Tribunal, que también lo conforman Dilsa Muñoz y Mario Ochoa, resolvió la enajenación de bienes. Además relató que los 15 sentenciados deberán pedir disculpas públicas a la institución policial, en una ceremonia que deberá ser televisada y pagada por los ahora acusados.

Romero argumentó que en el desarrollo de la audiencia de juicio, que inició el 5 de septiembre pasado,  la Fiscalía presentó 1 404 pruebas documentales, así como 33 testimonios y solicitó la reproducción de tres testimonios anticipados que respaldaron la acusación. 

Durante la lectura de la resolución, la jueza Romero manifestó que la Fiscalía  logró  comprobar la existencia  de una estructura que ubicó  a todos los integrantes en puestos  estratégicos para que se llegue  a cometer  el ilícito. 

En este sentido, el juez Romero indicó que con las pruebas testimoniales, documentales  y periciales presentadas  por la Fiscalía  se  confirmó que los procesados enmarcaron su conducta en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre  delincuencia organizada, al integrarse con el fin de realizar actividades al margen de la Ley. 

La resolución fue emitida con dos votos a favor y un voto salvado de la jueza Dilsa Muñoz, quien manifestó no estar de acuerdo con la sentencia emitida para los procesados. 

Al finalizar la audiencia, la fiscal Thania Moreno dijo que no apelará la sentencia, pues está conforme con la decisión de los jueces y aclaró que aún continúan  las investigaciones previas aperturadas por enriquecimiento ilícito,  lavado de activos  y tráfico de influencias. Investigaciones que tienen relación con el caso denominado ‘Estrella Dorada’. 

La Fiscalía investigó los hechos registrados entre octubre del 2014 y julio del 2015, periodo en el que se habrían negociado 1 317 pases policiales, por los cuales se habrían pagado entre 1.000, 1.500 y 2.000 dólares. 

Por estos hechos, el 06 de junio del 2016,  la Fiscalía logró que el juez Marco Rodríguez llame a juicio a  15 policías y una civil.

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Durante la lectura de la resolución, los jueces resaltaron el trabajo invesgativo de la Fiscalía.

Según la investigación de la Fiscalía, uno de los procesados, el excomandante Fausto T., habría  aprovechado de su cargo para estructurar una organización y colocar personas de confianza en diferentes oficinas, con la finalidad de reclutar personal policial y venderles los servicios.

También, la Fiscalía comprobó que participaron agentes policiales que eran parte de la Dirección de Pases Policiales, quienes tenían la facilidad de manejar el sistema informático con sus claves para que se realice la operación, a pesar de que los traslados de policías no cumplían con el reglamento.

Los sentenciados por la venta de pases

El 3 de mayo del 2016, el excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro, fueron sentenciados a 8 meses y 4 días de privación de libertad, en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.

Mientras que el 23 de mayo del 2016,  a los policías Adril Torres y Jairo Cevallos fueron sentenciados a 6 y 12 meses de privación de libertad, respectivamente, por este delito.

Ellos solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y se beneficiaron con una rebaja en la pena, previamente aceptaron haber participado en la venta de pases policiales y mediante testimonio anticipado revelaron el sistema que utilizó esta estructura para cometer el ilícito en la Policía nacional. 

Por ello, a los cuatro sentenciados se les concedió los beneficios de la cooperación eficaz, contemplada en el artículo 493 del COIP, que establece una pena no menor al 10% de la mínima fijada para el procesado que colabore con información relevante.

Datos

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del COIP y es sancionado con pena privativa de libertad 7 a 10 años, para autores, y de 5 a 7 años en el caso de cómplices.  En este hecho existieron  agravantes relacionadas con que la estructura estuvo conformada, supuestamente por policías en servicio activo, por lo que la sentencia fue incrementada.