Estudiantes y trabajadores de la UTN salieron a las calles

Luego de que la Corte Constitucional desestimara las acciones de incumplimiento por presupuesto universitario y revoque medidas cautelares presentadas contra el Ministerio de Finanzas, autoridades educativas y ciudadanos emitieron quejas al respecto.

El jueves 17 de septiembre tanto estudiantes como personal docente de la Universidad Técnica del Norte, UTN, salieron a las calles con la finalidad de exigir a las autoridades de Gobierno se respete el presupuesto de la educación superior.

Hoy nos hemos organizado todos los estamentos que conformamos la universidad, con la finalidad primero de hacer un plantón y una marcha pacífica reclamando nuestros derechos que nos corresponde.

Elaboramos igualmente un documento en donde expresamos nuestro rechazo total frente al recorte presupuestario que viven todas las universidades”, dijo Jesenia Toro, vicepresidenta de la FEUE de la Universidad Técnica del Norte, UTN.

“Tuvimos la gentileza de que nos reciba la señora gobernadora, queremos que ella lleve nuestra carta abierta de la universidad hacia la Presidencia de la República”, dijo ayer, en medio de la marcha, Rosario Ortega, presidenta de la Asociación de Empleados de la Universidad Técnica del Norte, UTN.

“Es un pedido justo el que hacemos, el de rever todas las acciones que ha realizado hasta el momento la Corte Constitucional, todos depende del Gobierno y de la lucha que nosotros vamos demostrando de toda la universidad ecuatoriana”, dijo la representante de los trabajadores.

La Corte Constitucional aseguró que la emisión de las directrices presupuestarias constituye “una medida constitucional y legal ordinaria”.

El documento detalla:
“Consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. (…) Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional, sino una medida del régimen constitucional y legal ordinario”.

Esto genera preocupación al sector de educación, quienes aseguran que la decisión afecta drásticamente a la Educación Superior Pública.