Estado de excepción en la Función Judicial

QUITO. El gobierno del Ecuador decretó el estado de excepción en la Función Judicial, “a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el acceso a la justicia contemplado en la Constitución y prevenir una inminente conmoción interna”, dice el documento oficial.

 Movilización nacional. El decreto permite declarar la movilización nacional especialmente de todo el personal de la Función Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral a los habitantes del Ecuador.

 Transformación de la justicia. El gobierno declara como acción prioritaria la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia en el Ecuador, mediante el Plan de Transformación de la Justicia.
El periodo de duración del estado de excepción es de 60 días a partir de la suscripción del decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en toda la república.

 Recursos para el organismo. El Ministerio de Finanzas deberá situar los recursos suficientes para atender la emergencia. El estado de excepción será notificado a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.
El lunes pasado, los miembros del CJT, Tania Arias y Rodríguez se reunieron con el mandatario para solicitarle $400 millones de dólares para lo que será la reestructuración de esta función.
En conversación con Confirmado Radio, Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) justificó que la declaración del estado de excepción en la Función Judicial, responde a la necesidad de recursos que el organismo tiene para la reestructuración del sistema y para lo cual cuenta con apenas 18 meses.