“En caso Morejón hay omisiones con responsabilidades penales”

Ibarra. El pasado domingo 16 de junio de 2019, se publicó una carta suscrita por el exalcalde de Ibarra, arquitecto Marco Almeida Vinueza, en la que reactiva el tema relacionado con el denominado “Caso Morejón”, en el que como se sabe, el GAD de Ibarra debería pagar USD 10 millones a la mencionada familia como resultado de un juicio que concluyó con la definitiva sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

Problema de 27 años. Almeida, descarta que en su administración se haya iniciado el problema, aun sin solución definitiva, que lleva ya 27 años de conflictividad, bajo siete administraciones municipales que han demostrado incapacidad para llegar a acuerdos concretos, bajo serios análisis técnicos, jurídicos, económicos y políticos.

Hace referencia a “omisiones dejadas en impunidad por las cámaras municipales pasadas”, criterio que según él está debidamente fundamentado y en donde se ratifica que “hubo una veintena de graves omisiones con indicios de responsabilidad penal inprescriptibles, cometidas en las administraciones de Alfonso Pasquel, Marco Tafur, Mauricio Larrea (dos periodos), Pablo Jurado, Jorge Martínez y Alvaro Castillo”.

“No hubo confiscación”, El exalcalde compareció a una entrevista, en donde se ratificó en todo lo expuesto en el documento que hizo público el pasado domingo en diario EL NORTE.

“En 1987 en calidad de alcalde suscribí un convenio con el cual el señor Jorge Morejón cedió legal y voluntariamente parte de su propiedad, para la prolongación de las avenidas Teodoro Gómez y Eliodoro Ayala y, el Municipio de Ibarra se comprometió a construir estas avenidas, aplicando la ley y las ordenanzas, especialmente la de Contribución Especial de Mejoras, relacionada con el financiamiento y cobro de las inversiones. Esto demuestra que no existió confiscación alguna”, señaló Almeida.

Omitió convenio. En 1992, Alfonso Pasquel, omitiendo el convenio anterior… “celebró un incompleto, confuso, inaplicable y por lo mismo ilegal contrato de ocupación de áreas y ejecución de obras de la urbanización Morejón relacionadas con las mismas avenidas ya cedidas por el señor Morejón, más el área para el pulmón de la ciudad”.

“No se debe pagar”. En el año 2003 el señor Jorge Morejón “astutamente demanda al municipio de Ibarra por confiscar su propiedad y por incumplir el contrato celebrado en 1992”, precisó Almeida, al indicar que ahí se inicia un largo juicio que “a causa de la incompetente defensa técnica y jurídica de las sucesivas administraciones municipales que incurren en graves omisiones, concluye en una sentencia definitiva que obliga a pagar dineros (USD 10 millones) al señor Morejón, siendo que por sentido común y justicia, el Municipio no debe pagar nada”, argumentó el exalcalde.

Incineración de archivos En su escrito, el arquitecto Almeida Vinueza, saca a relucir algo que la mayoría de ibarreños no sabían y dijo: “A pesar de la rara e ilegal incineración del archivo de Planificación y la ausencia del Registro Catastral oportuno, se detectó la apropiación ilegal de 4,67 hectáreas de áreas municipales por parte del señor Morejón, causando un perjuicio de USD 7 millones…”

“No actuaron”. Marco Almeida, hizo hincapié de que pasado más de 27 años con 7 alcaldes y sus respectivos concejales y funcionarios, éstos, “no analizaron con responsabilidad la demanda y no actuaron a tiempo en defensa de los intereses de Ibarra”.