En Cahuasquí exponen desacuerdo ante la minería

El domingo se realizó una Asamblea organizada por la Junta de Aguas de Cahuasquí y respaldada por el Frente de Conservación y Vida de esta parroquia, en la que Stalin Ramírez explicó la importancia de defender la tierra que por derecho les pertenece a los ciudadanos, con el objetivo dijo de dejar agua y aire limpio a las futuras generaciones.

“La minería es pan para hoy y hambre para mañana”, enfatizó el representante de los ciudadanos que dicen no quieren presencia minera en la zona.

En la tarde luego de esta asamblea parroquial el pueblo se organizó y marchó pacíficamente hacia el coliseo abierto de la parroquia, donde la empresa minera pretendía socializar los trabajos que actualmente realizan.

En la marcha pacífica cumplió los pobladores cumplieron con el objetivo de hacer llegar a los representantes de la empresa minera Solgold el mensaje enfático de que las comunidades locales, quienes rechazan las actividades mineras que según los pobladores de manera ilegal se estarían ejecutando desde el año 2013.

La empresa Transnacional Solgold había organizado una actividad de socialización mediante la cual, apenas después de 7 años de haber iniciado actividades en el país, quieren dar a conocer al pueblo las labores que realizan a sus espaldas.

El plantón pacífico, impidió la actividad planificada por la empresa Solgold y concluyó con la expulsión de sus representantes. Todo esto, entre el rechazo y los gritos de las personas que exigen, bajo sus derechos y los de la naturaleza, detener las actividades mineras y favorecer la protección de las fuentes de recarga hídrica, los ecosistemas, las actividades agrícolas sostenibles y el turismo responsable de la parroquia Cahuasquí.

Lo que sucede en el país.
El 14% del territorio nacional, equivalente 3,7 millones de hectáreas, ha sido designado para la minería a gran escala. La mayoría de las concesiones fueron tramitadas durante los últimos meses del gobierno de Rafael Correa Delgado.

Las concesiones otorgan el derecho a las empresas- casi todas transnacionales- de aprovechar el recurso del subsuelo, y por ende, a explorar, explotar, beneficiarse y fundir minerales durante 25 años (renovables).

Las concesiones se han otorgado sin coordinar con gobiernos seccionales, ni consultar con comunidades locales o pueblos ancestrales. conocedores del derecho dicen que es una flagrante violación de los artículos 398 y 57 de la Constitución.

Y esto a pesar que miles de comunidades rurales se encuentran dentro de las concesiones, y que la minería a gran escala desbarata por completo los planes y proyectos de los gobiernos seccionales.

Según Carlos Zorrilla.
Las concesiones se han otorgado y están siendo tramitadas sobre 750.000 hectáreas: abarcando 39 bosques protectores; un millón de hectáreas de territorios indígenas; bosques primarios e innumerables fuentes de agua.

Es un festín insólito en la historia extractiva del país, implicando que una sola empresa transnacional pueda obtener cientos de miles de hectáreas en concesiones mineras, y negocie con ellas como si fueran un bien propio.

El tráfico de concesiones es solo un producto de las políticas extractivas implantadas por el correísmo en donde el país no gana nada”, así lo ha plasmado en su artículo, El ABC de la problemática minera en el Ecuador.

Entre tanto.
Proyectos como Cascabel, que impulsa la empresa Ensa, subsidiaria de la australiana SolGold, generan expectativas entre comunidades. La firma explora 4 979 hectáreas situadas entre las parroquias.