El fiscal Chiriboga demuestra negligencias y problemas que impiden esclarecer el 30-S

galochiribogaQuito, 18 jun.- Un alcance de las consecuencias legales para varios actores del intento de golpe de Estado, perpetrado en Ecuador el pasado 30 de septiembre de 2010, fue presentado ante legisladores del país por el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, quien develó varios problemas de su instancia nacional para esclarecer a los altos mandos policiales que, en su opinión, debieron dirigir a los policías insurrectos.

“Si ustedes miran las estadísticas de los sentenciados observarán que la mayor parte son policías de grados inferiores. Cuando se logró condenas a oficiales de rangos superiores de policías, estas eran condenas más frágiles: los mandos más altos tuvieron las penas más bajas; quienes recibieron órdenes de esos grupos, todavía ocultos, tuvieron penas más altas”, dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que solicitó la presencia del Fiscal este martes.

El fiscal general de la Nación justificó así que una comisión civil ahora indague los hechos de aquel día y opinó que “es poco prudente poner a investigar a las mismas personas involucradas en estos hechos”, refiriéndose a algunos problemas encontrados para esclarecer las causas y los culpables de los hechos.

Un resumen de lo actuado hasta hoy da cuenta de 111 personas en indagación previa, 86 en instrucción fiscal, 53 en dictamen acusatorio, 13 en etapa intermedia (sobreseídos), 37 sentenciados y un juicio en una etapa suspendida.

Chiriboga expuso algunos casos que conmocionan a la justicia nacional por la manera cómo han actuado los jueces. Por ejemplo, cuando en la provincia Bolívar (centro andino), un juez sentenció a un teniente coronel por una causal diferente al de intento de golpe de Estado y en cambio le dictó 3 meses de prisión por organizar un desfile no autorizado. La sentencia fue apelada por la defensa del policía.

También cuando, burlando las seguridades nacionales, dos de los 13 acusados, a quienes se les negó el recurso de nulidad, huyeron del Ecuador.

Delató que a los cuerpos de los militares abatidos Jacinto Cortés y Edwin Panchi no se les practicó la autopsia determinada en la ley, y que por lo tanto la Fiscalía no tiene los elementos para conocer la causa de sus decesos.

Dijo que la escena del crimen, tanto dentro del Hospital de la Policía como en su exterior en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito, no fueron custodiadas y personal de limpieza recibió órdenes todavía ocultadas para limpiar el sitio.

Para Chiriboga, los hechos del 30-S son, en sus palabras, de una gravedad inusitada, pues intentaron afectar al sistema democrático del país.

“La bala que mató a Froilán Jiménez (policía de un grupo especial que rescató al presidente Rafael Correa) no estaba dirigida a ese objetivo, sino a matar al presidente”, dijo.