El Aborto entre el apoyo y rechazo de la sociedad

Ibarra. #NadieMenos y #AbortoLegalYa son las tendencias en redes sociales desde que la semana pasada el Congreso argentino aprobara la despenalización del aborto. Ahora la tarea la tiene el Senado, para que este hecho se convierta en ley.

Es delito. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los 16 años.

La mujer que aborte o permita que otro se lo cause, será sancionada con prisión de seis meses a dos años.

No es delito. En dos casos el aborto no es considerado como delito en Ecuador.

El Art. 150 del COIP indica que el aborto no será punible cuando esté en peligro la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Tampoco se considera delito cuando el embarazo es consecuencia de una violación contra una mujer con discapacidad mental.

Ana Vera desde hace más de 13 años trabaja en temas de derechos humanos de las mujeres, con énfasis en prevención de la violencia sexual.

La abogada considera que en Ecuador es necesario que se abra el debate sobre el aborto, no solo para los hechos de violación sexual, sino para todos los casos.

Ana precisa que, en Ecuador, son más de 3 000 niñas de 10 a 14 años de edad que cada año quedan embarazadas producto de una violación.

“Dan a luz, con todas las implicaciones que esto conlleva, tanto en su salud como en su entorno. Niñas que son obligadas a una maternidad forzosa sin ningún apoyo, respaldo ni nada que les garantiza su supervivencia y la de sus hijos”. “Aproximadamente hay 14 denuncias de abuso sexual diarias en niñas menores de 14 años, la mayoría de ellas se cometen en los núcleos cercanos como la familia y la escuela”. Ana Vera considera que el aborto en caso de violación no es más que una medida de reparación a las víctimas.

“Es un debate urgente y necesario en la sociedad”.

Considera como crueldad que ni siquiera se pueda decidir en caso extremo, “sin tener que ser perseguidas ni poner en riesgo nuestra salud”. La abogada lleva procesos legales de mujeres privadas de la libertad por practicarse un aborto. La sentencia es de seis meses a dos años, pero muchas veces la pena se suspende.

“Lo grave del tema es que a estas mujeres se les violenta todo el debido proceso por el prejuicio social contra ellas”, comenta y precisa que ninguna de sus defendidas son de clase media ni alta; son mujeres que viven en medio de la pobreza. “Son las mujeres empobrecidas las que más mueren y tienen complicaciones a causa del aborto ilegal y es ese sentido, por justicia social, la despenalización del aborto”, enfatiza la especialista Ana Vera.