Ecuador, Venezuela y Bolivia, los únicos países que no cuentan con una ley de protección de datos personales

Ecuador, Venezuela y Bolivia, los únicos países que no cuentan con una ley de protección de datos personales

Ibarra. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Dinardap, busca la aprobación de una ley de protección de datos personales, así lo indicó Samantha Manzano Ruales, Directora Regional del organismo de la Zona 1 y 2, en entrevista con ENtv, el pasado lunes 26 de noviembre.


La Dinardap maneja un sistema nacional de registro de datos públicos de todas las instituciones, por ejemplo el registro mercantil, registro civil, SRI, ANT, entre otras. La finalidad de este proyecto de ley es garantizar el flujo de la información de todos los ciudadanos, en cumplimiento a la Constitución de la República. Las personas naturales tendrán una protección de su información.

“Este proyecto de ley va a ser socializado en diferentes áreas, sociedad civil, la parte académica y también instituciones públicas y privadas”, mencionó Samantha Manzano.

Dicho marco legal está siendo socializado en 4 ciudades: Cuenca, Ibarra, Guayaquil y Quito, el cual una vez finalizado será presentado a la Asamblea. Los legisladores decidirán si este se aprueba o no. Ecuador junto a otros dos países son los únicos países que no cuentas con una ley de protección a datos personales, “lo que nos ha dejado fuera de algunos convenios internacionales”, agregó.

El art. 66, numeral 19, menciona que reconoce y garantizará a las personas “El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”. Pero aún no está regulado.

El art. 229 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con uno a tres años de prisión a quien revele datos que violen el secreto, la intimidad y la privacidad de las personas. Si es un servidor público o empleado bancario, la pena es de tres a cinco años.