Ecuador extiende proyecto para grupos vulnerables en frontera con Colombia

Quito.- Ecuador ratificó un proyecto binacional extendiendo su aplicación otro medio año, dirigido a grupos vulnerables a la violencia en la frontera con Colombia, informó este jueves en un comunicado la Cancillería ecuatoriana.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, suscribió con representantes de varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas, Acnur, ONU Mujeres, Unicef, y con la Cancillería colombiana, el instrumento de extensión por seis meses del proyecto.

Denominado “Fortalecimiento de capacidades institucionales para la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la zona transfronteriza Colombia-Ecuador, afectadas por la violencia y el conflicto armado”, la iniciativa se ejecuta desde enero de 2019 con recursos del Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU.

Tiene su razón de ser en la situación que afrontan los grupos vulnerables, principalmente de menores y mujeres localizados en las regiones limítrofes de la divisoria ecuatoriano-colombiana.

Su vulnerabilidad radica en que suelen ser víctimas de la violencia generada por bandas delincuenciales que operan en esa zona y se dedican al narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, además de sometimiento a la prostitución y esclavitud, o el reclutamiento de niños.

Proyecto de Ecuador.

El proyecto tiene un enfoque de género, derechos humanos y movilidad humana, con actividades diferenciadas para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, considerando las condiciones históricas de discriminación y exclusión, principalmente de comunidades indígenas.

Hasta la fecha, la iniciativa ha beneficiado a las poblaciones vulnerables de ambos países y en el caso del Ecuador, a aquellas situadas los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, y en el cantón Tulcán y las parroquias Maldonado y Chical, de la de Carchi.

Las actividades del proyecto se desarrollarán hasta el próximo mes de diciembre, adecuándose a las nuevas necesidades de los grupos vulnerables de la zona limítrofe y tomando en consideración las problemáticas generadas por la emergencia sanitaria de COVID-19.