Difícil y escurridiza transparencia

La última campaña electoral que condujo al país a la elección de los gobiernos seccionales fue pródiga en denuncias. Posiblemente demasiadas: que la corrupción, los negociados, los sobreprecios… fueron el tema permanente, la orden del día. Las sospechas sobre manejos turbios en la administración no cesaron. Para algunos analistas, los ciudadanos, a nivel nacional, hastiados con el incansable “destape” de los casos de corrupción, buscaron en el proceso electoral del pasado 24 de febrero, un cambio que devuelva al servicio público seccional sus características irrenunciables de honradez, servicio a la colectividad, exclusión de todo interés personal o particular. Para muchos, fueron esas demandas y el marketing del cambio y la transparencia las que finalmente impusieron el triunfo de determinadas candidaturas. Lo lograron porque ofrecían un compromiso para romper esos círculos de poder que auspiciaban procedimientos dolosos, exigían coimas, encarecían el costo final de las obras. Y eso, no para servir a los ciudadanos, sino para beneficiar las presiones de los grupos cercanos o inmediatos a los poderes políticos o económicos locales. A 120 días de distancia, resulta indispensable preguntar cuánto ha caminado la administración seccional. Si siguen los mismos sistemas que tanto se condenaron. Si la transparencia es real. Si los ciudadanos conocen qué grupos políticos o económicos, qué intereses particulares, tras bastidores, hacen y deshacen la gestión seccional, quién impone políticas.